Revista Jurídica de Castilla y León. Año: 2016. Número: 39. Hacia un urbanismo sostenible en Castilla y León. Fundamentos jurídicos para un cambio de modelo

• STC 73/2016: Competencias sobre ordenación general de la economía, seguridad social, régimen energético y medio ambiente: nulidad de los preceptos legales que prohíben, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 106/2014) y regulan el régimen transitorio de implantación de establecimientos comerciales fuera de trama urbana. Votos particulares.

Por Helena Villarejo Galende, Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.

• STS de 8 de marzo de 2016 (rec. cas. 2839/2013). La clasificación a efectos presupuestarios de las entidades del sector público por el Ministerio de Hacienda es un acto recurrible, no un mero informe.
• STS de 21 de abril de 2016 (rec. cas. 4135/2014). Anulación del Reglamento andaluz sobre protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica por haber omitido en su tramitación el informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid llegó a un acuerdo el pasado 12 de mayo de 2016 en el cual se aprueba el ‘Mapa de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU)’. La aprobación del mapa tiene como finalidad, en el marco del desarrollo sostenible, la delimitación de áreas de carácter prioritario en las cuales, a través de subvenciones, se impulsen acciones que tengan como objetivo la eficiencia energética de los edificios residenciales en su interior.

Una ‘smart city’ o ‘ciudad inteligente’ es un nuevo concepto que se extiende cada vez más rápidamente a lo largo del mundo. El ‘Smart City Index’ es un índice que permite determinar cuan ‘inteligente’ es una ciudad midiendo el grado de adaptación de las nuevas tecnologías digitales en los centros urbanos para la mejora de actividades, desde transportes hasta recogida de basuras.

• STC 57/2016: Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; autonomía local: interpretación conforme de los preceptos legales estatales que excluyen determinados núcleos de población del dominio público marítimo terrestre e imponen a las Comunidades Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre (SSTC 233/2015 y 28/2016). Voto particular.

La Cámara de los Comunes ha aprobado el proyecto de ley 'Housing and Planing' que tiene como finalidad asegurar el reemplazo de las viviendas sociales vendidas. 

• STSJ Madrid 913/2015. La pretensión indemnizatoria por inactividad de la Administración no puede concederse si no existe tal inactividad.
• STSJ Madrid 198/2016. Nulidad del Plan Especial del Ayuntamiento de Madrid para la ordenación pormenorizada de la “Ciudad aeroportuaria y Parque Valdebebas”.

El concepto de ‘smart city’ (traducido en España como ‘ciudad inteligente’) se ha extendido en nuestro país como una nueva referencia de gobernanza local, que pone su acento en la mejora tecnológica de redes del conocimiento. Pero es, y debe ser, mucho más. La estrategia de ‘ciudad inteligente’ –o mejor, de ‘ciudad eficiente’– consiste en una política activa de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de los habitantes, las instituciones y las empresas, tanto en el plano económico del conocimiento, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales.

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento ha publicado el Boletín nº 16 estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo correspondiente al cuarto trimestre de 2015.

• STJUE de 10 de marzo de 2016 (Comisión c. España). Incumplimiento por el Reino de España del tratamiento de aguas residuales procedentes de varias aglomeraciones urbanas.

• STC 27/2016: Autonomía local, límites de los decretos-leyes, urbanismo y ordenación territorial: inadmisión del conflicto en defensa de la autonomía local por carencia de legitimación activa de las corporaciones locales promotoras.
• STC 28/2016: Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; autonomía local: interpretación conforme del precepto legal estatal que impone a las Comunidades Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre (STC 233/2015).

Ordenanzas de municipios pertenecientes a la Comunidad de Madrid del mes de marzo, relativas a administración electrónica, necesidades sociales, instalación de elementos publicitarios, información y buen gobierno, voluntariado, urbanismo, datos de carácter personal, fiscalidad, registro electrónico, uniones de hecho y subvenciones, entre otras.

• STS de 3 de febrero de 2016 (rec. cas. 2345/2014). Ausencia de necesidad de nueva información pública del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar para su aprobación definitiva, tras la introducción de alteraciones.
• STS de 10 de febrero de 2016 (rec. cas. 809/2014). Anulación del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga en cuanto que califica como Zona de Protección Territorial las fincas “El Panchurraco” y “El Coscollar”.
• STS de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1256/2014). Modificación Puntual del PGOU de Teulada (Alicante) para corregir el error de calificación de una ermita. Doctrina sobre la corrección de errores en el planeamiento.
• STS de 17 de febrero de 2016 (rec. cas. 1321/2014). Existencia de responsabilidad patrimonial por restricción del aprovechamiento urbanístico a causa de una resolución autonómica de medidas tras intervenciones arqueológicas.
• STS de 25 de febrero de 2016 (rec. cas. 2754/2014). PGOU de Segovia. Anulación de categorización como suelo rústico protegido y reconocimiento de su condición de suelo urbano consolidado.
• STS de 2 de marzo de 2016 (rec. cas. 1626/2015). La ejecución de sentencia de anulación de un plan urbanístico no se agota necesariamente con la publicación, cuando hay actos firmes anteriores.

Dentro del ciclo de jornadas que integran el “Seminario de Gobierno y Derecho Local” organizado por la Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación) y el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el martes 22 de marzo de 2016 tuvo lugar la sesión: “Viviendas vacías: problemática y propuestas jurídicas”, a cargo de Germán Orón Moratal, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I de Castellón.

Por Thanais Cordoba Carmona, Analista de Contrataciones Públicas. Los actuales procedimientos de contratación pública se basan en usos administrativos manuales, con poca implementación de las tecnologías de información, y aplicación de los principios orientados a la simplificación de trámites administrativos. En consecuencia, encontramos un extenso listado de trámites para realizar una contratación pública, entre los que se puede citar: conformación del expediente, elaboración del pliego de condiciones y modelo de  contrato,  actas  de  inicio,  aprobación  del  inicio por parte de la máxima autoridad del ente contratante, consideración por  parte de la Comisión de Contrataciones, aclaratorias, realización del Acto de Recepción y Apertura de la Manifestación de Voluntad de participar, documentos de calificación y oferta económica, elaboración - aprobación del Informe de Resultados, adjudicación, notificaciones, consignación de fianzas, todo ello para llegar a la suscripción del contrato administrativo.

• STC 17/2016: Competencias sobre urbanismo, condiciones básicas de igualdad y ordenación general de la economía: interpretación constitucionalmente conforme del precepto legal autonómico relativo a la cesión gratuita y enajenación onerosa, por precio inferior al de su valoración, de bienes integrantes del patrimonio público de suelo y vivienda.
• STC 15/2016: Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resoluciones judiciales que apreciaron, motivadamente, la falta de legitimación del demandante para ser parte en un proceso de responsabilidad objetiva de la Administración por ausencia de interés legítimo.

Por Fernando Renau Faubell, Secretario-Interventor de Administración Local en excedencia. Funcionario del Cuerpo Superior de Administración General de la Generalitat Valenciana.

Selección de las normas más relevantes que han sido aprobadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito urbanístico durante el año 2015.