La Defensora del Pueblo ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, que atribuyen a la Junta de Gobierno  Local, o al Alcalde, la competencia del Pleno del Ayuntamiento para acogerse a medidas contra la morosidad o aprobar un Plan de ajuste económico-financiero. Los apartados cuya constitucionalidad se cuestiona son aquellos que atribuyen al  ejecutivo municipal competencias que son del Pleno de la Corporación, y que permiten  adoptar medidas económicas aunque anteriormente hayan sido rechazadas por el Pleno.

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• Estructura de los presupuestos de las entidades locales

El acuerdo de colaboración del Ministerio de fomento tiene por objetivo facilitar a los agentes económicos relacionados con la vivienda, el urbanismo y el suelo operar en un mercado más productivo, con menos costes, más eficiente y en beneficio de los intereses generales.

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Los representantes de 11 partidos (entre ellos  PSOE, PSC, IU, CHA, UPyD, CIU) y de la Federación de entidades locales menores (FEEM) han presentado  el día 22 de marzo el recurso que registrarán ante el Tribunal Constitucional que subscriben más de 2.000 ayuntamientos.

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• Oferta de empleo público extraordinaria y adicional para la aplicación de las medidas previstas en la LRSAL

• Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
• Requisitos de seguridad de artificios pirotécnicos

•  Modificación del régimen jurídico de los suelos contaminados y creación del Inventario de Suelos contaminados.

La Comisión Nacional de Administración Local abordará además el diseño de un plan para ayuntamientos que tengan especiales dificultades en materia financiera.

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La fiscalización del Tribunal de Cuentas tiene por objetivos determinar los puestos con funciones de intervención y la legalidad de la provisión de los mismos; la legalidad de sus retribuciones y el grado de independencia de la función de control interno respecto de las entidades locales.

Informe de Fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la Intervención de las Entidades Locales. Aprobado el 24.4.2014.Texto completo

•  Modificación de la Ley de Montes de Aragón. 

El Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley de CiU que pedía que las corporaciones locales recuperasen las competencias en materia de servicios sociales.

Los ayuntamientos reunidos en la Comisión Nacional de Administración Local se han comprometido a reducir su deuda hasta el 3,6 %  del PIB.

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• Regulación del Fondo de Liquidez Municipal en el ejercicio 2014

• Ley de transformación del Fondo para la financiación del pago a proveedores
• Informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de las medidas adoptadas por las Entidades Locales para adaptarse a la disminución de ingresos, fundamentalmente, de los procedentes de la gestión urbanística.

• Creación de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas
• Metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación

Los resultados corresponden al año 2011 y se obtuvieron siguiendo la metodología desarrollada por Ángel de la Fuente (FEDEA y CSIC), Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia).

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• Protección de las personas consumidoras y usuarias 
• Sistema de compensación económica destinado a los ayuntamientos y entidades locales menores que abonen a sus miembros electos retribuciones por el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial al servicio de la gestión pública local 

El diputado General de Álava/Araba  ha criticado el Anteproyecto de Ley, que en sus palabras limita el papel de las Diputaciones Forales a una "mera agencia de cobro de impuestos". En concreto ha discrepado con la capacidad decisoria que el texto da a Eudel en el marco del Consejo Vasco de Finanzas, donde están también las tres Diputaciones y el Gobierno Vasco, y que permite a Eudel tener voz y voto cuando les afecte la distribución de ingresos generados por tributos, y ha censurado que la presencia decisoria de los municipios recaiga en una asociación que no es elegida directamente por los ciudadanos

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