La Defensora del Pueblo ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, que atribuyen a la Junta de Gobierno Local, o al Alcalde, la competencia del Pleno del Ayuntamiento para acogerse a medidas contra la morosidad o aprobar un Plan de ajuste económico-financiero. Los apartados cuya constitucionalidad se cuestiona son aquellos que atribuyen al ejecutivo municipal competencias que son del Pleno de la Corporación, y que permiten adoptar medidas económicas aunque anteriormente hayan sido rechazadas por el Pleno.
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