Miércoles, Noviembre 20, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS de 30 de noviembre de 2015 (rec. cas. 711/2014). El TS desestima la impugnación de la Ordenanza Municipal reguladora de la distancia y localización de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas del Ayuntamiento de León.
  • SSTS de 17 de diciembre de 2015 (rec. cas. 2696/2014) y de 19 de enero de 2016 (rec. cas. 3760/2014). Anulación de varios preceptos de un Plan Especial del Ayuntamiento de Barcelona que obligaba a renunciar a licencias previas para obtener otras nuevas.
  • STS de 19 de enero de 2016 (rec. cas. 159/2014). Anulación de determinados preceptos del PGOU de Los Palacios y Villafranca, por insuficiente motivación.

 

STS, Sala Tercera, de 30 de noviembre de 2015 (rec. cas. 711/2014).- La Sala desestima el recurso de apelación contra la sentencia del TSJ que, a su vez, desestimaba el recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Municipal reguladora de la distancia y localización de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas del Ayuntamiento de León. En lo que interesa, esta Ordenanza imponía la necesidad de que existiera cierta distancia entre locales de venta de bebidas alcohólicas, de acuerdo con una clasificación establecida.

El recurrente entendía que la Ordenanza desconocía que los salones de banquetes no son locales abiertos al público, sino cerrados y contratados para actos específicos. Así, no cumple con el fin de la Ley castellano-leonesa 3/1994, cual es que se establezca una distancia mínima entre locales abiertos de venta de bebidas alcohólicas, para evitar problemas de salud pública. La proximidad de salones de banquetes a discotecas o similares sería así irrelevante, por no estar abiertos al público general.

El TS declara que los principios aplicables a esta intervención administrativa son los del art. 3.c de la Ley de Salud Pública (proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad). Y que los preceptos impugnados de la Ordenanza se ajustan al fin de la Ley autonómica 3/1994 y a esos principios, además de que es irrelevante que el acceso a los salones de banquetes sea restringido. Lo importante es que en ellos se consume alcohol, que se exige una distancia sólo respecto de determinados tipos de locales (discotecas y similares) y que lo único impugnado es el criterio de medición de la distancia.

En definitiva, la Ordenanza integra razonablemente la finalidad de la Ley autonómica 3/1994 respecto de una actividad que incide en la salud pública, por lo que se desestima su impugnación. Texto completo.

 

SSTS, Sala Tercera, de 17 de diciembre de 2015 (rec. cas. 2696/2014) y de 19 de enero de 2016 (rec. cas. 3760/2014).- El Ayuntamiento de Barcelona recurre dos sentencias del TSJ de Cataluña que anulan varios preceptos del Plan Especial de establecimientos de concurrencia pública, hostelería y otros servicios del distrito de Ciutat Vella. El TS desestima los recursos.

Las impugnaciones iniciales se dirigen contra los preceptos del Plan que establecen como condición la renuncia a ciertas licencias actuales de plazas de uso hotelero para la obtención de otras distintas, debiendo equivaler a un número igual o superior al solicitado.

Las sentencias de instancia recuerdan que la licencia urbanística es un acto reglado y, por ello, debido, sin que la discrecionalidad administrativa tenga cabida más allá de la elaboración del planeamiento. De este modo, la exigencia de renuncia a licencias previas es una intromisión en los derechos y el patrimonio de los interesados sin habilitación legal alguna. A lo que hay que sumar la situación de aquellos interesados que soliciten una licencia y no cuenten con una licencia previa, quienes sólo podrían adquirirla en el mercado de venta. Ello lleva al TSJ a anular los preceptos en los que se exige tal renuncia.

El TS desestima los recursos de casación del Ayuntamiento, que había alegado incongruencia extra petita.

Texto completo STS 17 diciembre 2015.

Texto completo STS 19 enero 2016.

 

STS, Sala Tercera, de 19 de enero de 2016 (rec. cas. 159/2014).- El TS desestima el recurso de la Junta de Andalucía contra la sentencia del TSJ de Andalucía, que estimaba la impugnación del Plan General de Ordenación Urbanística de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Los impugnadores en la instancia eran el titular de una estación de servicio y de una tienda (dentro de la estación de servicio), situada en una parcela objeto de una Actuación Urbanística No Integrada (AUNI) en el nuevo Plan. Estas AUNI son actuaciones en suelo urbano consolidado para reurbanizar ámbitos, abrir puntualmente nuevos viarios u obtener suelos para nuevos equipamientos o espacios libres. 

El Plan se limita a eliminar el uso actual de gasolinera, que se considera incompatible y de alto riesgo. Ello implica que la gasolinera debe desaparecer, aunque no por el motivo inicialmente aducido (exigencias de alineación del frente).

El TSJ señala que ni el Plan ni la Memoria que lo acompaña justifican debidamente esa incompatibilidad y alto riesgo. Por ello, con cita de la jurisprudencia del TS, recuerda que la potestad de planeamiento es ciertamente discrecional, pero que la discrecionalidad exige esencialmente una motivación suficiente para satisfacer la interdicción de la arbitrariedad. Por ello, estima el recurso, al entender que el planificador no da razón alguna para suprimir el uso de gasolinera en la parcela, toda vez que la actividad de gasolinera no se prohíbe en suelo urbano. En lo que respecta al ius variandi, si bien reconoce que tiene plena vigencia, el TSJ recuerda igualmente que tiene su límite principal en la interdicción de la arbitrariedad y se controla a través de la motivación.

La Junta de Andalucía se alza en casación alegando la infracción del art. 54 de la LRJPAC (motivación) y de los arts. 9, 33 y 103 de la Constitución (cuya lesión no se concreta). El TS pone en duda que el art. 54 sea de aplicación a los Planes, dado que no son actos administrativos sino que gozan de naturaleza normativa. En todo caso, no aprecia infracción alguna, recordando y ejemplificando extensamente su jurisprudencia en relación con la potestad discrecional de planeamiento y los motivos que deben alegarse para el éxito de su impugnación: “tiene que sustentarse en una actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración, al planificar, ha incurrido en error, ha actuado al margen de la discrecionalidad o con alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, la estabilidad y la seguridad jurídicas; o con desviación de poder; o, en fin, con falta de motivación en la toma de sus decisiones”.

La Sala coincide con las consideraciones del TSJ relativas a la carencia de motivación de las previsiones impugnadas del Plan: no se justifica debidamente en la Memoria el interés general cuya satisfacción impulsa el cambio de uso y subsiguiente reurbanización del terreno de los interesados. Y el ejercicio del ius variandi requiere mayor intensidad en la motivación cuando se introducen innovaciones en suelo urbano consolidado.

De este modo, el criterio del planificador no puede considerarse razonable ni útil para justificar el cambio, por lo que se declara la nulidad de los preceptos impugnados del Plan, desestimándose el recurso de casación de la Junta de Andalucía. Texto completo.

 

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