Miércoles, Noviembre 20, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS de 9 de diciembre de 2015 (rec. cas. 3504/2014). Anulación de la Ordenanza Fiscal reguladora del estacionamiento limitado de vehículos de tracción mecánica y la tasa de expedición del distintivo, aprobada por la Junta de Vecinos de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra.
  • STS de 15 de diciembre de 2015 (rec. contencioso-administrativo 156/2015). Confirma la resolución aprobada el 19 de diciembre de 2014 por la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el conflicto 25/2008, por ser ajustada a Derecho.

 

STS, Sala Tercera, de 9 de diciembre de 2015 (rec. cas. 3504/2014).- La Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra recurre en casación la anulación por el TSJ de la Ordenanza Fiscal reguladora del estacionamiento limitado de vehículos de tracción mecánica y la tasa de expedición del distintivo, aprobada definitivamente por la Junta de Vecinos de dicha Entidad Municipal, por la falta de competencia de la entidad local menor para regular el uso de las vías urbanas.

El TS considera que no se está ante la interpretación que deba darse a una norma estatal, sino ante el sentido que deba darse a un precepto de una norma catalana. No puede existir, por ello, ninguna infracción del art. 7 de la de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial (en adelante, LTSV). No es la norma estatal la que atribuye las competencias a las entidades municipales descentralizadas catalanas, sino la norma autonómica; y, por ello, tanto la referencia al reiterado art. 7 LTSV, como la cita del art. 3 CC, han de entenderse meramente instrumentales.

El TS establece que las sentencias, susceptibles de casación, cuando hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia solo pueden ser objeto de casación ante el TS cuando se funden en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. En este sentido, considera que la cita del art. 3 del CC y del art. 7 de la LTSV es meramente instrumental para la interpretación y aplicación del art. 82.1.e) de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, que es el determinante del fallo impugnado. Precepto respecto del cual la determinación de su sentido y alcance, en cuanto norma catalana, corresponde a la Sala del TSJ de Cataluña, de conformidad con el artículo 152 de la Constitución y artículos 86.4, 89, 99 y 101 LJCA. Texto completo.

 

STS, Sala Tercera, de 15 de diciembre de 2015 (rec. contencioso-administrativo 156/2015).- La Diputación Foral de Guipúzcoa interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución aprobada el 19 de diciembre de 2014 por la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el conflicto 25/2008, planteado por dicha Diputación Foral frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) sobre la determinación del volumen de operaciones a fin de señalar la Administración competente para la recaudación y el cobro del impuesto sobre el valor añadido correspondiente al ejercicio 1998 de la entidad Aceralia Redondos Comercial, S.A. El TS desestima el recurso al haber prescrito el derecho de la Diputación Foral de Guipúzcoa a reclamar a la AEAT, sin que, por consiguiente, haya lugar a pronunciarse sobre la competencia para practicar las devoluciones del impuesto sobre el valor añadido ingresado durante 1998 por Aceralia.

El TS considera que la prescripción que la Junta Arbitral declara no es la del derecho de la Administración a liquidar los tributos o a exigir su pago, ni del derecho de los administrados a solicitar y obtener devoluciones (arts. 66 LGT y 65 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Guipúzcoa) sino del derecho de la Diputación Foral para que le fuese reconocido el eventual crédito ante la Administración del Estado por razón de las cantidades que devolvió a Aceralia (arts. 40 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 1998 y 15 de la Ley 47/2003 y 21 de la Norma Foral 17/1990).

En efecto, fue el 27 de diciembre de 2002 cuando, mediante la presentación del escrito por Aceralia rectificando esa distribución territorial, la Diputación Foral de Guipúzcoa alcanzó conocimiento de que había devuelto una cantidad cuyo reintegro hubiera correspondido a la AEAT, sin embargo, no la requirió hasta el 13 de marzo de 2008, transcurrido con exceso el plazo de cinco años que, para el ejercicio de ese derecho, establecía el artículo 21.2 de la Norma Foral 17/1990. Frente a lo anterior, no cabe considerar acto interruptor de la prescripción el acuerdo adoptado por la AEAT el 20 de mayo de 2004, por el que, habida cuenta del porcentaje del volumen de negocios de Aceralia durante el ejercicio 1998 en los territorios foral y común, resolvió reintegrarle las cuotas de diciembre de dicho año, no, sin embargo, las correspondientes a los meses de enero a noviembre por haber prescrito el derecho de Aceralia a solicitar su devolución. Texto completo.

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