Domingo, Diciembre 17, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS de 16 de diciembre de 2015 (rec. cas. UD 1302/2014). Nulidad de notificaciones edictales aunque la notificación en el domicilio a efectos de notificaciones sea infructuosa.
  • STS de 19 de febrero de 2016 (rec. cas. 3371/2013). La suspensión del plazo para resolver cuando se solicitan informes no es automática, requiriendo un acto expreso de suspensión.

 

STS, Sala Tercera, de 16 de diciembre de 2015 (rec. cas. UD 1302/2014).- El interesado interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la SAN que desestima el recurso contencioso-administrativo contra la RTEAC que, a su vez, desestima el recurso de alzada contra la desestimación de la reclamación económico-administrativa presentada ante el TEAR de Valencia. En esta reclamación se impugnaba una diligencia de embargo de bienes dictada en un procedimiento de apremio para el cobro de deudas tributarias de las que era responsable subsidiario.

El motivo que esgrime en todas las instancias es que ha prescrito el derecho a recaudar de la Administración. El interesado presentó inicialmente reclamación económico-administrativa que le fue notificada en el domicilio de una sociedad, consignando como domicilio a efectos de notificaciones otro distinto. Sin embargo, las sucesivas notificaciones que se intentaron en este último fueron infructuosas, procediéndose a su publicación edictal. El recurrente entiende que tales notificaciones no son válidas y, por tanto, no tienen virtualidad interruptiva de la prescripción.

El TEAR desestimó la reclamación, en atención a que hubo dos intentos de notificación en el procedimiento y éstos se produjeron en el domicilio facilitado por el propio interesado. Se cumple así la exigencia del art. 48 del antiguo Reglamento de Revisión (RD 391/1996), pues no se había notificado cambio alguno de domicilio. Lo mismo entendió el TEAC.

La AN estimó en parte el recurso contencioso-administrativo, entendiendo que sí se había producido indefensión, pues debió intentarse la notificación al menos en donde se notificó el acuerdo de derivación de responsabilidad, ya que constaba en el expediente, para poder acudir a la notificación edictal. Anula las notificaciones pero no porque sean nulas de pleno derecho, al ajustarse estrictamente al RD 391/1996. Entiende por ello que no hay prescripción, pues además la indefensión causada es imputable en buena parte al propio interesado.

El TS señala que las resoluciones anteriores vulneran su doctrina sobre notificaciones, que procede a citar. Recuerda, como también ha dicho el TC, que la notificación por edictos es el “remedio último, siendo únicamente compatible con el artículo 24 de la Constitución si existe la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado”, de tal modo que “cuando los demandados estén suficientemente identificados su derecho a la defensa no puede condicionarse al cumplimiento de la carga de leer a diario los Boletines Oficiales”. De este modo, para que los actos administrativos interrumpan la prescripción es necesario el conocimiento formal de los mismos por el interesado, por lo que es requisito para ello una válida notificación, que razonablemente debe intentarse en los domicilios que consten en el propio expediente.

Por ello, entendiendo que no hay notificaciones válidas desde la del acuerdo de derivación, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, casa la sentencia de instancia y estima el recurso contencioso-administrativo original.

Texto completo.

 

STS, Sala Tercera, de 19 de febrero de 2016 (rec. cas. 3371/2013).- La Generalidad de Cataluña recurre en casación la sentencia del TSJ de Cataluña que estimó los recursos contencioso-administrativos de Value Retail Barcelona, S.L. y del Ayuntamiento de la Roca del Vallés. Mediante tales recursos se impugnaba la resolución del Consejero competente del recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Comercio, que denegaba la propuesta del Ayuntamiento de declarar ciertos sectores del municipio como zonas turísticas a efectos de horarios comerciales.

Los recursos originales planteaban que se había producido la estimación de la solicitud por silencio positivo, al haber transcurrido más de tres meses (según establece la Ley catalana de horarios comerciales) desde la presentación de la solicitud junto con la documentación preceptiva. Por su parte, la Administración autonómica entiende que la petición de un informe preceptivo y determinante a la Dirección General de Turismo suspendió el plazo para resolver, conforme al art. 42.5.c) LRJPAC. En este sentido, Value Retail Barcelona entendía que la suspensión sólo podía operar desde la comunicación al afectado, requiriendo, en todo caso, un acto expreso en ese sentido.

El TSJ señala que es obligado comunicar la solicitud del informe, pero que la suspensión no pospone su eficacia hasta que se produzca la comunicación al afectado. Así lo prevé claramente el art. 42.5.c) LRJPAC, que establece la suspensión desde la solicitud del informe. La comunicación opera así como “una carga jurídica vinculada a la suspensión del procedimiento, pero no como una condición suspensiva de ésta”.

Sin embargo, el TSJ sí acoge la objeción de que es necesario una decisión específica de suspensión, sin que baste la mera petición del informe. Los arts. 42.5 y 83.3 LRJPAC facultan al órgano para suspender, por lo que no puede haber suspensión automática. Por otro lado, el principio de seguridad jurídica exige este acto expreso, en cuanto que la suspensión excepciona la garantía del interesado que es el plazo máximo para resolver, a efectos de mantenerlo informado. Por ello, al no haberse producido este acto, entiende que se consumó el acto presunto.

El TS confirma el fallo de instancia y el razonamiento que lleva al mismo, y recuerda que entender que la solicitud del informe tiene eficacia suspensiva supondría contravenir el designio del legislador catalán de que en este tipo de procedimientos opera el silencio administrativo positivo.

Texto completo.

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