Domingo, Diciembre 17, 2017

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 170/2016: Principios de interdicción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional, derecho a la tutela judicial efectiva: constitucionalidad del precepto legal autonómico que establece exenciones al límite de tres alturas a los edificios de nueva construcción.
  • STC 168/2016: Competencias sobre régimen local: pérdida parcial de objeto del recurso de inconstitucionalidad (SSTC 41/2016 y 111/2016), interpretación conforme de la disposición legal estatal que salva la organización comarcal estatutariamente prevista en la gestión de servicios supramunicipales.

En la Sentencia 170/2016, de 6 de octubre de 2016 (BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2016), el Pleno del Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid.

La Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, contiene, además de la norma recurrida –la disposición adicional-, un artículo único que dispone la derogación del apartado 8 del art. 39 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid –la «ley de las tres alturas»–. Sin embargo, este artículo no fue impugnado en el marco del presente recurso de inconstitucionalidad cuyo único objeto consiste en resolver la presunta inconstitucionalidad de la disposición adicional de la Ley 4/2015.

Pues bien, la disposición adicional impugnada afirma que la la limitación de tres alturas, derogada por el artículo único de la Ley 4/2015 e introducida en su momento por la Ley 3/2007, no será, en ningún caso, de aplicación:

a) A los planes generales y de sectorización vigentes o aprobados provisionalmente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2007 (31 de julio) ni a su respectivo planeamiento de desarrollo tanto si se ha aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2007, como con posterioridad.

b) Al suelo clasificado como urbanizable sectorizado o como urbano, consolidado o no, antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, ni tampoco a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre dichos suelos o a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que les afecten, lo que significa proyectar la aplicación de la norma cuestionada a futuras actuaciones.

c) A la modificación o revisión del plan general que haya sido declarado parcialmente nulo por sentencia firme antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2012 (1 de enero de 2013), ni a sus futuras modificaciones o planes de desarrollo que pudieran aprobarse siempre que se dé una condición: que «no resultara de aplicación la Ley 3/2007 por aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre».

Antes de entrar al análisis del contenido de los supuestos que regula la disposición impugnada, el Tribunal deja constancia de que en el preámbulo de la Ley impugnada -que carece de valor normativo pero se le reconoce valor interpretativo- se pone de manifiesto que la finalidad de la disposición adicional es la aclaración y no la innovación de la regulación contenida en la disposición transitoria de la Ley 3/2007, de 26 de julio. Esta disposición transitoria establecía los supuestos a los que sería exclusivamente de aplicación la nueva limitación de tres plantas que se imponía. Una vez que el Tribunal recuerda, por lo tanto, el contenido del préambulo de la Ley de 2015 pasa a examinar la naturaleza de los supuestos de exención de la limitación descritos con anterioridad.

a) En cuanto al primer supuesto, el Tribunal considera que la disposición adicional impugnada va más allá de la norma que pretende aclarar, por cuanto extiende la no aplicación de la limitación de alturas introducida por la Ley 3/2007 no sólo al planeamiento general y de sectorización ya vigente o aprobado provisionalmente con anterioridad al 31 de julio de 2007, sino también a su planeamiento de desarrollo en todo caso, con independencia del momento de su aprobación.

b) Con respecto al segundo supuesto de exención, a juicio del Tribunal, el criterio viene a coincidir, en lo sustancial, con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 3/2013 de patrimonio histórico, si bien ahora se aclara que se refiere a la totalidad del suelo urbano, sea consolidado o no, y se extiende con carácter novedoso al suelo urbanizable sectorizado. 

c) Finalmente en cuanto al tercer supuesto, el Tribunal considera que se trata de otro aspecto innovador de la disposición adicional impugnada, ya que con él se está dando efecto retroactivo a la previsión contenida en la Ley 8/2012: la exención de la limitación de alturas se aplica a todos los eventuales supuestos de modificaciones o revisiones de planes generales afectados por una declaración judicial de nulidad parcial, antes y después del 1 de enero 2013, siempre que estén aprobados el plan de sectorización o el instrumento de desarrollo, así como a sus futuras modificaciones y eventuales instrumentos de desarrollo.

En este sentido y como pone de manifiesto, el Tribunal en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia, al margen de nominalismos y de la deficiente técnica legislativa –que titula como aclaratoria en el preámbulo de la Ley una disposición adicional de carácter transitorio- lo cierto es que la disposición adicional es una norma innovativa que modifica la disposición transitoria que dice «aclarar», y lo hace ampliando los ámbitos de exención de la limitación de alturas para las situaciones pendientes y en el marco de una ley, la Ley 4/2015, cuyo único objeto es derogar para el futuro la consabida limitación en aras a un nuevo modelo de desarrollo urbano.

De lo anterior, el Tribunal deduce que el examen realizado del contenido de la disposición adicional revela de forma clara que no se trata, como manifiesta el legislador autonómico (preámbulo), afirma su rúbrica y sostiene en sus alegaciones el Letrado de la Comunidad de Madrid, de una norma meramente aclaratoria de un texto legal previo –el previsto en la disposición transitoria de la Ley 3/2007–, limitándose a precisar o despejar las dudas sobre cuál es el régimen jurídico aplicable a los instrumentos de planeamiento atendiendo a la fecha de su aprobación o del tipo de suelo. Bien al contrario, la norma impugnada constituye, atendiendo a su contenido, una nueva norma transitoria –que el Tribunal califica de «impropia»–, por cuanto su objetivo real no es tanto solucionar la colisión temporal de las leyes como facilitar la aplicación de la ley nueva; esto es, la implantación del nuevo modelo urbanístico que inspira a la Ley 4/2015 y su derogación de la limitación de alturas.

En conclusión, la disposición adicional recurrida tiene como finalidad someter a una serie de situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad, pero aún pendientes, a la misma regla de derecho que con carácter general se establece a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2015 que deroga la limitación de alturas. En otras palabras, la disposición impugnada pretende la inaplicación de la limitación de alturas a determinadas situaciones jurídicas pendientes para facilitar la implantación del nuevo modelo urbanístico. Y lo hace con una regulación diferenciada de la recogida por el antiguo art. 39.8 de la Ley 9/2001 – que establecía la limitación– y de la disposición transitoria de la Ley 3/2007 –que fijaba su alcance– (FJ 3).

Basándose exactamente en este carácter innovador de la regulación de la disposición adicional de la Ley 4/2015, el Tribunal desestima los tres motivos de inconstitucionalidad que habían alegado los recurrentes. Los recurrentes consideraban, en primer lugar, que la norma cuestionada vulneraba el art. 9.3 CE al tratarse de una ley singular que participa al mismo tiempo de los caracteres de una norma legal autoaplicativa y de una ley de supuesto de hecho concreto, que no aparece motivada suficientemente, no está justificada e incluye una solución desproporcionada. En segundo lugar, a juicio de los recurrentes, se vulneraba el art. 117.3 CE en relación con el art. 9.3 CE, por tratarse de una norma meramente interpretativa que tenía por finalidad imponer al poder judicial, con efecto retroactivo, una única interpretación de una ley anterior. Y en tercer y último lugar, se alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE, al impedir el acceso a la justicia de los titulares de derechos e intereses legítimos, incumplir el requisito de equivalencia material del control judicial y privar de efectividad a las resoluciones judiciales recaídas en conexión con la materia objeto de la norma cuestionada. El Tribunal no recoge ninguno de estos motivos al no considerar que se trata de una Ley singular en este caso (FFJJ 4 y 5) ni tampoco de una norma meramente interpretativa (FJ 6).

 

Texto completo. 

En la Sentencia 168/2016, de 6 de octubre de 2016 (BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2016), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

El Tribunal declara, por una parte, extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto (SSTC 41/2016 y 111/2016), la impugnación de las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta, en cuanto al inciso «Decreto del órgano de gobierno de», de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, así como de los siguientes incisos del art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013: «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera».

Por otra parte, declara que no es inconstitucional la disposición adicional sexta de la Ley 27/2013, que salva la organización comarcal estatutariamente prevista en la gestión de servicios supramunicipales, siempre que se interprete en los términos del fundamento jurídico 4 b) de la Sentencia. Esto es, que la disposición adicional sexta de la Ley 27/2013 supone que las previsiones de la reforma local de 2013 «se aplicarán respetando» toda «organización comarcal» estatutariamente prevista, sin por ello negar o perjudicar la que, no prevista en los Estatutos, pueda eventualmente llegar a instaurar cualquier Comunidad Autónoma al amparo de su competencia en orden a la creación y regulación de entidades locales de segundo grado.

Texto completo.

 

 

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