Domingo, Diciembre 17, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1064/2016: Despido colectivo en el Ayuntamiento de Estepona. El Tribunal Supremo confirma la existencia de causas económicas y organizativas para proceder a la extinción de los contratos.

     STS 1064/2016, de 16 de diciembre de 2016: El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ de Andalucía de 30 de septiembre de 2015 que reconoce la existencia de causas económicas y organizativas para proceder a la extinción de los contratos.

Referente al principio de buena fe exigible en el período de consultas el TS recuerda su doctrina al respecto. La existencia o no de buena fe negociadora se debe relacionar con la existencia de propuestas concretas y la celebración de reuniones, tendentes a conseguir un acuerdo, con el fin de evitar o reducir los efectos para los trabajadores afectados por la decisión empresarial. Respecto de la documentación que legalmente debe aportarse al inicio del periodo de consultas, es doctrina de la Sala que la principal finalidad es que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el período de consultas y, por lo tanto, no todo incumplimiento de esta obligación puede llevar a la nulidad, sino tan sólo aquella que sea trascendente a estos efectos.

Por otra parte, el TS, referente a la exigencia de la insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, determina que los Ayuntamientos están incluidos en el sector público y, por ende, los despidos colectivos han de efectuarse en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

Finalmente, sobre la competencia para efectuar los despidos colectivos, el art. 22 en relación con el art. 21 ambos de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local establecen que es atribución del Alcalde la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Plano, pero sin ser necesaria la ratificación ante él. En consecuencia, la falta de ratificación por el Pleno no puede dar lugar a la improcedencia del despido efectuado.

Texto completo.

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