Domingo, Septiembre 24, 2017

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

  • STJUE de 4 de mayo de 2017: cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los operadores económicos de los requisitos para participar en un procedimiento de contratación pública de conformidad con la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

STJUE de 4 de mayo de 2017 (asunto C-387/14): el Tribunal de Justicia se pronuncia en la presente sentencia sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los operadores económicos de los requisitos para participar en un procedimiento de contratación pública de conformidad con la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

En primer lugar, según el Tribunal el artículo 51 de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, una vez expirado el plazo concedido para la presentación de candidaturas para el contrato público, un operador económico transmita al poder adjudicador, para probar que cumple los requisitos para participar en un procedimiento de contratación pública, documentos que no figuraban en su oferta inicial.

En segundo lugar, el artículo 44 de la Directiva 2004/18, debe interpretarse en el sentido de que no permite a un operador económico basarse en las capacidades de otra entidad, sumando los conocimientos y la experiencia de dos entidades que, individualmente, no disponen de las capacidades solicitadas para la ejecución de un determinado contrato, en caso de que el poder adjudicador considere que el contrato de que se trata es indivisible, en el sentido de que deber ser realizado por un único operador,  y que dicha exclusión de la posibilidad de basarse en las experiencias de distintos operadores económicos esté relacionada y sea proporcionada al objeto del contrato en cuestión. Tampoco es posible basarse en la experiencia de una agrupación de empresas de la que formó parte en el marco de otro contrato público si no participó efectiva y concreta en la realización de dicho Estado.

En tercer lugar, el artículo 45, apartado 2, letra g), de la Directiva 2004/18, permite excluir a un operador económico de la participación en un contrato público si se le considera «gravemente culpable» de falsas declaraciones al proporcionar la información solicitada por el poder adjudicador, debe interpretarse en el sentido de que puede ser aplicado cuando el operador de que se trata sea considerado responsable de una negligencia de cierta gravedad, a saber, una negligencia que pueda tener una influencia determinante sobre las decisiones de exclusión, de selección o de adjudicación de un contrato público, y ello con independencia de la apreciación de una conducta dolosa por parte de este operador.

Por último, en cuarto lugar, el artículo 44 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite a un operador económico acreditar su experiencia invocando simultáneamente dos o más contratos como una única licitación, salvo que el poder adjudicador haya excluido esa posibilidad en virtud de requisitos relacionados y proporcionados al objeto y a las finalidades del contrato público de que se trate.

Texto completo.

 

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