Lunes, Mayo 29, 2017

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 34/2017: Límites de los decretos-leyes y competencias sobre urbanismo y comercio interior: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la incidencia territorial de las instalaciones de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos. Voto particular.
  • STC 28/2017: Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal autonómico que limita el trámite de información pública de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de aprobación inicial.

 

En la Sentencia 34/2017, de 01 de marzo de 2017 (BOE núm. 83, de 07 de abril de 2017), el Pleno del TC resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de los artículos 39.2 y 40 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.

El Tribunal avala la constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la incidencia territorial de las instalaciones de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos. Sin embargo, procede a la declaración de inconstitucionalidad del art. 40 (previamente, art. 3.4, del Real Decreto-ley 6/2000) que incluye una prescripción sobre el cómputo de la superficie comercial que según el Tribunal es encuadrable, a efectos competenciales, en la materia comercio interior. Para el Tribunal “el criterio de cómputo de la superficie de un establecimiento comercial determina, entre otros aspectos, la clasificación de los propios establecimientos comerciales así como su posible localización o el tipo de intervención administrativa prevista para su implantación, extremos todos ellos que responden a las competencias autonómicas en la materia (STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 3 in fine). Por otra parte la norma estatal configura la instalación de estaciones de servicio como una posibilidad para el establecimiento comercial (art. 3.1 Real Decreto-ley 6/2000), lo que, presupone un margen de intervención autonómica en la materia en virtud, precisamente, de sus competencias en materia de comercio interior. De este modo, el art. 3.4 no responde de forma directa e inmediata a la planificación general de la economía o al establecimiento de las bases en materia energética (en un sentido similar, STC 170/2012, FJ 12; allí en relación con el urbanismo), por lo que no puede encontrar cobertura en los arts. 149.1.13 y 149.1.25 CE y es, por tanto, inconstitucional y nulo” (FJ 8).

En vista de lo anterior, el Tribunal estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declara que el art. 3.4 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, en la redacción dada por el art. 40 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, es contrario al orden de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.

Texto completo.

En la Sentencia 28/2017, de 16 de febrero de 2017 (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2017), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 36.2 A), párrafo segundo, del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre.

El órgano judicial plantea que el precepto que cuestiona no ofrece ningún cauce para garantizar la participación pública en el proceso de planeamiento cuando durante su tramitación se han introducido modificaciones sustanciales. A su juicio, dicha regulación contravendría tantos mandatos constitucionales, de los que cita los de los arts. 9.2 y 105 a) CE, como el orden constitucional de distribución de competencias, por cuanto el art. 6.1 LRSV dispone que la legislación urbanística garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión.

Efectivamente, el Tribunal declara la nulidad del precepto legal autonómico que limita el trámite de información pública de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de aprobación inicial. Más en concreto, el Tribunal entra a analizar si el art. 36.2 A), párrafo segundo, del Decreto Legislativo 1/2004 incurre en una contradicción efectiva con el art. 6.1 LRSV, que pueda ser determinante de su inconstitucionalidad.

Pues, el precepto cuestionado exige un plazo inicial de un mes de información pública en todo caso. En cuanto al segundo trámite de información pública, de su tenor se deduce: Que este segundo trámite no es obligado («no será preceptivo») en aquellos casos en los que el plan experimente modificaciones sustanciales. De este modo la legislación urbanística castellano-manchega establece una regulación del procedimiento a seguir que permite excluir la segunda información pública en determinados supuestos y ello pese a que el documento aprobado inicialmente haya sufrido modificaciones sustanciales. Por tanto, teniendo en cuenta el contenido material de la garantía fijada por la norma estatal, según la cual dicha participación pública ha de plasmarse respecto a las opciones reales contenidas en el proyecto de planeamiento antes de que la Administración tome la decisión que le corresponde, el Tribunal constata que la exclusión de este trámite en el caso de introducción de modificaciones que tengan el carácter de sustanciales, que es el supuesto que regula el precepto cuestionado, es incompatible con la garantía contenida en el art. 6.1 LRSV, siendo contrario al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.

En vista de lo anterior, decide estimar la cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que el art. 36.2 A), párrafo segundo, del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, es inconstitucional y nulo.

Texto completo.

Comenta esta noticia

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn