Martes, Septiembre 26, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 716/2017: relativa a la necesidad del Informe económico-financiero y a los requisitos legales para la aprobación de nuevas tasas por suministro de agua potable.

STS 716/2017, de 26 de abril de 2017: El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de León y por la entidad Aguas de León S.L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de julio de 2016, que declara nula la fijación de una tasa única por el cambio de titularidad de suministro de agua; el establecimiento de una nueva tasa por conservación de contadores de agua, por la conservación del saneamiento y por la conservación de acometida de agua potable, que fueron aprobadas mediante la modificación de la Ordenanza reguladora de las Tasas por Suministro de Agua Potable y Servicios Complementarios, por el Pleno del Ayuntamiento de León.

La primera cuestión debatida versa sobre el Informe económico financiero previsto en el art. 25 TRLHL, si a estos efectos es válido el  informe emitido por la propia empresa adjudicataria del Servicio y si es un requisito para la validez de la modificación de la ordenanza que el informe sea emitido o ratificado por técnicos municipales. La Sala considera que dicho informe es un elemento esencial para la validez de la aprobación de la Tasa, un requisito insubsanable, que su falta conlleva a la nulidad de la Ordenanza. La Sala establece que “La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho […] no son simples requisitos formales sino requisitos esenciales que han de preceder siempre a los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, determinando su omisión la nulidad de aquellos acuerdos al no permitir esa omisión el control del cumplimiento del límite global del coste del servicio o actividad y del principio de reserva de ley, la relación existente entre la cuantía de la tasa y costes provocados al ente público y el respeto de la capacidad económica de los administrados, bien entendido que la omisión no viene determinada sólo por la total inexistencia de unos documentos calificados como tales informes sino también por la falta de un mínimo rigor en el planteamiento y formulación de los mismos.”

Posteriormente, el Tribunal recuerda la doctrina jurisprudencial para el establecimiento de las tasas que se materializa en el principio de equivalencia o equilibrio con el coste del servicio, en virtud del cual el establecimiento de la tasa tiene como objeto la financiación del servicio para el cual se exige y se concreta a su vez en el principio de cobertura de costes y de aprovechamiento obtenido o utilidad recibida. El primero atiende a la relación entre el coste del servicio o actividad y la recaudación proporcionada por la tasa, que debe tender a cubrir los costes necesarios para el mantenimiento. El segundo hace referencia a la relación entre la prestación del servicio y la contraprestación que paga el usuario, de tal modo que ha de producirse una cierta equivalencia entre la recaudación derivada de la tasa y el valor que para el ciudadano tiene la prestación del servicio que recibe. En este sentido, la Sala considera que la tasa por conservación no tiene una contraprestación clara porque se pretende cobrar un servicio por adelantado o que nunca se va a prestar, y se exige por vía de la figura tributaria de la Tasa un servicio público que debería sufragarse por vía de impuestos. Además, “no se puede exigir a través de una Tasa por servicio aquello que no es presupuestable. Es una realidad que no se puede conocer cuántas averías se van a producir o qué número de acometidas se precisa sustituir”.

Por último, el Tribunal argumenta que estas nuevas tasas incurren en un supuesto de doble tributación, porque con su imposición se paga dos veces el mismo servicio, ya que con las tasas actuales de Agua potable y Alcantarillado se paga el mantenimiento y conservación del conjunto de infraestructuras. Además, la conservación de acometidas corresponde a la empresa que presta el servicio como obligación derivada de la correcta prestación del servicio que incluye su mantenimiento o al Ayuntamiento. De otro modo se exige la conservación y mantenimiento de la acometida en todo su recorrido a quien no tiene posibilidad de acceder a la misma por estar situada en la vía Pública.

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