Lunes, Noviembre 20, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 887/2017: P.G.O.U de Gordejuela.
  • STS 882/2017: P.G.O.U de San Juan d´Alacant.
  • STS 855/2017: P.G.O.U. de las Palmas de Gran Canaria.

 STS 887/2017, de 23 de mayo de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 de diciembre de 2015 contra la Orden Foral 1632/2014, de 25 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se aprobó definitivamente el Plan General de ordenación Urbana de Gordejuela.

Entre otros motivos, también desestimados, la entidad recurrente denuncia infracción de los artículos 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la regla de la sana crítica y 217, relativo a la carga de la prueba. A este respecto el Tribunal recuerda que “es reiterada la doctrina de esta Sala que declara que la errónea valoración probatoria no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, en coherencia con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia. Solo en muy limitados casos, entre los que se encuentra, en lo que ahora interesa, que se alegue que el resultado de dicha valoración es arbitraria, inverosímil o falta de razonabilidad, puede tener acceso a la casación. Excepción que tiene carácter restrictivo, por lo que no basta la mera cita del artículo 348 de la LEC, seguida de la simple alegación de que la apreciación de la prueba por la Sala a quo es ilógica o arbitraria, para franquear su examen por este Tribunal Supremo, siendo carga de la parte recurrente aportar los datos y rezones que permitan a este Tribunal llegar a la convicción de que así efectivamente ha sido”.

En relación con la carga de la prueba, la Sala recuerda su doctrina y expone que “la pretensión de que unos terrenos tengan la consideración de urbanos exige que quien reclame esa aptitud de los predios, acredite de modo acabado la concurrencia de los presupuestos fácticos a que el ordenamiento condiciona dicha declaración”.

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STS 882/2017, de 22 de mayo de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la pretensión de nulidad del Acuerdo de la Consejería de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante sobre la aprobación del PGOU de San Juan d´Alacant.

La Sala considera que “la mera existencia de un conjunto de sentencias declarando la nulidad de sucesivos instrumentos de ordenación, no puede ser motivo, sin otros fundamentos, para concluir que la regulación ahora impugnada incurre en causa de nulidad. En primer lugar la parte recurrente no ha tratado de acreditar en ningún momento que la nueva ordenación se haya realizado precisamente con la finalidad de eludir el cumplimiento de las anteriores sentencias firmes, en un supuesto de ejecución fraudulenta. En segundo lugar, como hemos señalado, nada impide que la Administración proceda a ejercitar sus potestades planificadoras en sustitución de un plan anterior declarado nulo por sentencia judicial, dado que lo normal es que en numerosas ocasiones esa potestad sea necesaria para la ordenación urbanística adecuada a un determinado momento y situación. Por último, no basta con el hecho de que sentencias anteriores hayan declarado la nulidad de la previa ordenación, sino que resulta necesario, lo que en este caso ni si quiera se intenta, acreditar los vicios propios en que incurre la nueva ordenación que se recurre.”

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STS 855/2017, de 16 de mayo de 2017: el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Canarias de 23 de junio de 2016 que estimó el recurso contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canaria de 29 de octubre de 2012, relativo a la aprobación definitiva de la Adaptación Plena del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y a las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

La Sala de instancia anuló “el citado acuerdo en cuanto a la asignación de una Ordenanza P al inmueble propiedad de la demandante y la fijación de la altura máxima de tres plantas, debiendo signarse otra Ordenanza y parámetro de altura acorde con la realidad de la zona del entorno y los antecedentes de planteamiento para dicha zona”.

Entre otros motivos de casación, que también son desestimados, el Ayuntamiento denuncia la infracción del artículo 71.2 de la LJCA, al determinar la sentencia la forma en que ha de quedar redactado el Plan General en la parte anulada. La Sala determina que “ciertamente el referido precepto prohíbe a los órganos jurisdiccionales que estimen un recurso contra una norma reglamentaria determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularon, por lo que, […] una vez comprobado por los Tribunales que una concreta determinación del Plan incurre en una desviación injustificada de los criterios generales, procede su anulación, pero los jueces no podemos reemplazarla por otro, pues tratándose de potestades discrecionales, siempre existen varias soluciones entre las que debe escoger la Administración, titular de esa potestad discrecional”. No obstante, en el caso concreto la Sala de instancia en ningún momento ha determinado la forma en que ha de quedar redactado el precepto, sino que se ha limitado a señalar que debe “signarse otra Ordenanza y parámetro de altura acorde a la realidad de la zona”.

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