Domingo, Junio 24, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 2765/2016: Sobre los técnicos competentes para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
  • STS 977/2017: Sobre la expropiación de parcelas por imperio de la Ley.

STS 2765/2016, de 22 de diciembre: La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España contra el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, e impone las costas a la parte recurrente.

Sobre los vicios esenciales en el procedimiento y tramitación del Real Decreto, la Sala rechaza la necesidad de que se realice un nuevo dictamen tras la introducción de variaciones por el Consejo de Ministros, como propone la parte recurrente, sobre todo si las modificaciones no son sustanciales y las discordancias son propias del procedimiento de elaboración. La Sala tampoco acepta la vulneración del principio de legalidad pues afirma que la redacción del Real Decreto no vulnera ninguna otra norma legal y se adapta a la definición de “técnico competente” recogida en la Ley de Ordenación de la Edificación. Por último, rechaza la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad y de seguridad jurídica “porque la regulación de la determinación del técnico competente para emitir los certificados de eficiencia energética no es caprichosa ni carece de razonabilidad”. 

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STS 977/2017, de 2 de junio: el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la mercantil “Promociones Parque la Vega, S.L” contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de los Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimaba el recurso y confirmaba la decisión de la Comisión de Valoraciones de Canarias que inadmitió a trámite la solicitud de fijación de justiprecio de una finca expropiada por ministerio de la Ley.

El Tribunal Supremo desestima la falta de motivación, dado que supondría “cuestionar la valoración de la prueba que ha realizado la Sala "a quo", algo que no puede articularse por el apartado c) del art. 88.1 LJCA” como pretende la parte recurrente. Con respecto a la arbitraria valoración de la prueba la Sala manifiesta que ha de haber una demostración de la irrazonable evaluación, no solo la simple apreciación de la parte, y en este caso no acontece. Por último, desestima la infracción del art. 4 LJCA, puesto que la individualización y delimitación de la parcela debió haberla realizado la parte demandante antes de solicitar la expropiación por ministerio de la Ley. Tal operación no podría haber sido realizada por el Organismo administrativo evaluador, ni por el Tribunal Supremo.

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