Jueves, Abril 26, 2018

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 109/2017: Competencias sobre medio ambiente y procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, vulnerando la normativa básica estatal en la materia, introducen causas de exención de la evaluación ambiental estratégica, establecen la nulidad de actos administrativos por omisión de informes técnicos y permiten la subsanación de la evaluación ambiental omitida.
  • STC 108/2017: Competencias sobre régimen local: nulidad de la ley autonómica que crea un municipio cuya cifra de población no alcanza el umbral establecido por la legislación básica en la materia.
  • STC 107/2017: Autonomía local: constitucionalidad de la regulación legal del ejercicio por las entidades locales de competencias impropias, de la coordinación provincial de determinadas funciones municipales y del plan económico-financiero que han de presentar los entes locales que no satisfagan distintos objetivos de estabilidad presupuestaria (SSTC 41/2016 y 111/2016).

 

En la Sentencia 109/2017, de 21 de septiembre de 2017 (BOE núm. 247, de 13 de octubre de 2017), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

En líneas generales, el Tribunal considera que, dada la distribución competencial en materias de medio ambiente y procedimiento administrativo, la regulación autonómica legal vulnera la normativa básica estatal en la materia (Ley 21/2013, de evaluación ambiental). A su juicio, la Ley autonómica introduce causas de exención de la evaluación ambiental estratégica, establece la nulidad de actos administrativos por omisión de informes técnicos y permite la subsanación de la evaluación ambiental omitida.

En concreto, para el Tribunal, estas acciones no responden al objeto de mejorar la calidad de la evaluación ambiental conforme a las especificidades de las propias políticas autonómicas. Así, la Comunidad Autónoma, competente para adecuar la regulación de la evaluación a la política ambiental que desarrolle en su territorio, rebasa el límite competencial consignado en el artículo 149.1.23 CE, conforme al cual sólo le es posible dictar «normas adicionales de protección» del medio ambiente, siempre que las medidas legislativas autonómicas «sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación básica del Estado». En definitiva, la protección concedida por la Ley estatal puede ser ampliada y mejorada por la Ley autonómica; lo que resulta constitucionalmente improcedente es que, como en este caso, resulte restringida o disminuida (STC 7/2012, de 18 de enero, FJ 5, con cita de otras) (FFJJ 4 y 5).

A estos efectos, el Tribunal decide estimar el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que los artículos 9.4, 26.2 y 33.1 a) de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, son inconstitucionales y nulos.

Texto completo.

En la Sentencia 108/2017, de 21 de septiembre de 2017 (BOE núm. 247, de 13 de octubre de 2017), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà.

El Tribunal considera que la Ley autonómica que crea un municipio, cuya cifra de población no alcanza el umbral establecido por la legislación básica en la materia de régimen local, es nula por contravenir el orden de distribución competencial en materia de régimen local (FJ 2).

Por ello, decide estimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà.

Texto completo.

En la Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre de 2017 (BOE núm. 247, de 13 de octubre de 2017), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por 2.393 municipios respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

El Tribunal, en la línea de lo argumentado en sus SSTC 41/2016 y 111/2016, avala la constitucionalidad de la regulación legal estatal (LRSAL) del alance del ejercicio por las entidades locales de competencias impropias (FJ 3), de la coordinación provincial de determinadas funciones municipales (FJ 4) y del plan económico-financiero que han de presentar los entes locales que no satisfagan distintos objetivos de estabilidad presupuestaria (FJ 4).

En este sentido, el Tribunal decide:

 1.o Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en los incisos «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.»; y de la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, introducida por el artículo 1.38 de la Ley 27/2013.

2.o Desestimar el conflicto en defensa de la autonomía local en todo lo demás.

Texto completo.

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