Domingo, Diciembre 17, 2017

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1010/2017: Modificación Normas Subsidiarias de Es Mercadal. Sobre alegar motivos formales en impugnación indirecta.
  • STS 1018/2017: POUM Santa Margarida y els Monjos. Sobre la motivación por remisión.
  • SSTS 1034/2017 y 1046/2017: Plan Pomeres-Barenys de Salou. Sobre la categorización de zonas inundables. 

STS 1010/2017, de 7 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 30 de marzo de 2016 contra el Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 17 de noviembre de 2014 en el que se dan por cumplimentadas las prescripciones señaladas en el Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 21 de noviembre de 2011, para la Modificación Puntual nº18 de las Normas Subsidiarias del municipio de Es Mercadal con el objetivo de adaptar al Plan Territorial Insular de Menorca el Ámbito del Área de Reconversión Territorial de Punta Grossa II.

Entre otros motivos también desestimados, el recurrente plantea la invalidez del acuerdo impugnado como consecuencia de la también pretendida invalidez del Plan Territorial de Menorca. Tras la entrada en vigor de la LJCA de 1988, el órgano judicial puede declarar la invalidez de una disposición general a través de una impugnación indirecta, tal y como recuerda el TS. Si bien dicha pretensión de invalidez de corte formal (omisión de informes relativos a Defensa, Telecomunicaciones y Costas), además de haber sido resuelta en el recurso directo nº1031/2003 cuya sentencia resultante fue desestimatoria, el Tribunal recuerda que va contra una reiterada doctrina jurisprudencial que rechaza la denuncia de vicios formales en el procedimiento de elaboración para la impugnación indirecta de disposiciones generales, si bien se ha admitido excepcionalmente la impugnación indirecta con este tipo de argumentos cuando éstos han sido cualificados tales como incompetencia del órgano que ha dictado la disposición o la omisión total del procedimiento establecido, éstos no se dan en el presente caso.

 

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STS 1018/2017, de 8 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de octubre de 2015 contra el Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña por el cual se dio conformidad al Texto Refundido del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Santa Margarida y els Monjos.

La Generalitat alega falta de motivación de la vulneración de la autonomía local admitida por el TSJ. Sin embargo, la sentencia realiza una remisión a lo practicado en la prueba pericial, en la cual se detallan los aspectos modificados por la Administración autonómica frente a los aprobados por el Ayuntamiento en lo relativo a determinados Polígonos de Actuación Urbanística. Esta motivación por remisión ha sido admitida por la doctrina jurisprudencial siempre y cuando se contengan los elementos y razones que han llevado a la solución final adoptada.

La recurrente alega también una valoración de la prueba arbitraria e irrazonable, en lo relativo a los informes que constan en el expediente administrativo para la aprobación definitiva del POUM de Santa Margarida y els Monjos. El TS expresa que no cabe una revisión de la valoración de la prueba mediante casación salvo que haya irracionalidad o arbitrariedad patente y manifiesta, debiendo la parte recurrente aportar los datos y razones que demuestren este hecho. En el presente caso la Administración no acredita la emisión de los informes interesados en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 30 de septiembre, limitándose a usar como fuente la afirmación recogida en el Acuerdo impugnado ante el TSJ. Por lo que el segundo de los motivos también es desestimado.

 

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SSTS 1034/2017 y 1046/2017, de 13 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 16 de noviembre de 2015 y 10 de noviembre de 2015, respectivamente contra la aprobación el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Salou de 21 de diciembre de 2011, por el que se aprobaba definitivamente el Plan Parcial Urbanístico del Sector 03 (Plan de las Pomeres-Barenys) por el cual se pretende desviar el barranco de Barenys con el fin de evitar las inundaciones de Salou.

La recurrente estima que la decisión del desplazar el barranco no puede deducirse como irracional o arbitraria, yendo por tanto la sentencia contra el art. 9.3 CE. Sin embargo, el TSJ estima que, en primer lugar, la decisión es “acentuadamente desafortunada” ya que “con la nueva ordenación lo único que se logra es una limitada atenuación del desbordamiento del barranco”; y, en segundo lugar que el objeto de la actuación no es un Sistema General “de naturaleza intrínsecamente urbanística” sino ante un Sistema Hidrográfico el cuál es necesario verlo a la luz de la legislación sectorial. Conclusiones a las que llega principalmente a través de los diversos informes periciales. Por lo que no cabe arbitrariedad en la valoración probatoria ni siquiera un nuevo análisis a través de la casación ya que es necesario constatar un mero voluntarismo judicial o una decisión irracional, hechos que no se dan en el presente caso. La recurrente también cree que la sentencia no se ajusta al régimen establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico para las zonas de flujo preferente, algo que el TS rechaza tras realizar un análisis del supuesto de dicho artículo, sino el artículo 14 del mismo Reglamento en el cuál se definen las “zonas inundables”, conforme al criterio técnico de los informes periciales según el período de retorno (500 años de período de retorno, frente a los 100 de zona de flujo).

Por último, el TS avala la decisión realizada por la Sala de instancia sobre la consideración de “Sistema Hidrográfico” ya que el Plan Parcial impugnado pretende desviar y canalizar un Sistema hidrográfico plurimunicipal resultando inviable desligar la actuación municipal concreta de todo el sistema hidráulico del que forma parte el Barranco de Barenys, produciéndose, en definitiva, una extralimitación urbanística en relación con la normativa estatal sobre aguas.

 

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