Viernes, Septiembre 21, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1062/2017: Sobre la compensación de la restricción de edificabilidad en un inmueble incluido en el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
  • STS 1100/2017: Sobre la falta de objeto de la modificación urbanística al haber sido anuladas las determinaciones que se pretendían modificar en el PGOM de  Curtis.
  • SSTS 1101/2017: Relativa a la motivación en la modificación de la planificación urbanística

STS 1062/2017, de 15 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia de 9 de marzo de 2016 de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tenía como objeto el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (COTMAC) por el cual se aprobaba definitivamente la adaptación plena del PGO de las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios naturales de Canarias aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, entre otras. Dicha sentencia acoge las peticiones de la demanda del establecimiento de mecanismos de justa equidistribución de beneficios y cargas, o en su caso indemnizaciones adecuadas que compensen la restricción de edificabilidad del inmueble propiedad de la demanda incluido en el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal (ficha ARQ-175), así como una indemnización que compense la mencionada restricción de edificabilidad con respecto a las parcelas del entorno.

El Tribunal Supremo señala, en primer lugar, que nos encontramos ante una petición consecuencia de la pretendida nulidad de la demandante que busca el restablecimiento de la situación jurídica individualizada, por lo que la petición indemnizatoria no necesita de una reclamación previa en vía administrativa, ni se trata de una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, de esta manera, desestima uno de los argumentos que presentan tanto la Comunidad Autónoma de Canarias como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El TS también recuerda que la función social inherente al derecho de propiedad urbanística, como ha sido recogido en la jurisprudencia, no da derecho, como regla general a percibir indemnización. Sin embargo esta regla general ofrece algunas excepciones como la recogida en el actual artículo 35.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 por el cual se reconoce el derecho de indemnización en los supuestos de «vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa».

Este derecho de indemnización es derivado del principio de equidistribución de beneficios y cargas, que el TS recuerda que ha sido configurado como principio general rector del urbanismo buscando de forma mínima y elemental garantizar la igualdad entre propietarios. Ejemplificando con la STC 164/2001 que «las desigualdades en beneficios y cargas urbanísticas derivadas del planeamiento son tanto más patentes cuanto mayor es la proximidad y similitud física entre las distintas fincas».

 

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STS 1100/2017, de 20 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Curtis contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 10 de diciembre de 2015 que estimaba un recurso contra la Orden de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se aprobaba la modificación puntual número 2 del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Curtis.

En dicha sentencia se declara que el plan recurrido no es conforme a derecho, anulando las determinaciones para el suelo urbano no consolidado. Declaración que ya fue confirmada por la STS de 6 de marzo de 2014 (nº rec. 3293/2011).

En esta ocasión, el TS da respuesta a los diferentes motivos de casación, en su mayoría de corte formal. En primer lugar, recuerda que el artículo 33.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa permite resolver con base a motivos distintos de los alegados por las partes por lo que no ha existido falta de motivación en el caso concreto, ya que se han cumplido los requisitos establecidos en el mencionado artículo.

En segundo lugar, desestima infracción al haberse anulado en integridad una disposición general, incluidas la no afectadas por la sentencia previa recordando lo dictaminado en la Sala de instancia y es que al haber anulado previamente las determinaciones para el suelo urbano no consolidado las modificaciones posteriores carecen de objeto alguno ya que «no puede ser modificado lo inexistente».

Por último cabe reseñar que el Tribunal Supremo reprocha al Ayuntamiento que al tener la primera sentencia de instancia recurrida, «razones de seguridad jurídica aconsejaban la no aprobación de la modificación del planeamiento en un suelo urbano consolidado, cuyas determinaciones habían sido expresamente anuladas por dicha resolución».

 

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STS 1101/2017, de 21 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Compensación Parque de Valdebebas y el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de marzo de 2016 por el cual se declara nulo el Plan Especial para la modificación de la ordenación pormenorizada del APE 16.11 “Ciudad aeroportuaria y Parque Valdebebas”.

El elemento relevante en esta sentencia es la falta de motivación que presenta el mencionado Plan Especial y su Memoria según ha concluido el TSJM. Motivación que el Tribunal Supremo mantiene ya que no existe estudio técnico ni económico sobre la desaparición de los usos terciarios expresados en el Plan Especial anulado, ausencia de un razonamiento sobre el aumento de la densidad de la vivienda, tampoco existe motivación alguna sobre el aumento de vivienda junto a la infraestructura aeroportuaria, más aún cuando el planificador ordenó vincular de forma importante a las ampliaciones del sistema aeroportuario de Barajas, pudiendo ser la actuación prevista hostil, entre otros motivos. El TS recuerda la importancia de una adecuada motivación específicamente en el ámbito urbanístico pues da sentido a las determinaciones urbanísticas introducidas o modificadas por el planificador, siendo por lo tanto garantía para los ciudadanos. Esta necesidad de justificación, según la Sala de instancia y acogida por el TS, viene respaldada por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid tanto para los Planes Parciales (art. 47.3) como para los Planes Especiales (art. 50.2).

Esta justificación, en lo que respecta a la mejora urbana y ambiental propia del Plan Especial, no puede darse por satisfecha con un la mera enunciación de las determinaciones proyectadas «mezclando en una suerte de juicio ponderativo, unas determinaciones con otras y concluir que el resultado final favorece la calidad ambiental».

Por último, acepta el razonamiento de la indebida utilización del Plan Especial para la finalidad pretendida, así como la infracción de las disposiciones que lo regulan en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, defendiendo que dicha declaración no ha afectado al núcleo discrecional de la Administración recurrente ya que el ius variandi de la Administración tiene límites y mecanismos de control, tales como la motivación ya tratada, no estando esta suerte de discrecionalidad administrativa exenta de un control jurisdiccional que podrá examinar si la decisión adoptada por el planificador es conforme a Derecho, debiendo una especial mención a evitar la arbitrariedad o la desviación de poder. Por lo tanto la necesidad de una justificación, apoyada en datos, será necesaria para un adecuado ejercicio de este ius variandi.

 

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