Viernes, Agosto 17, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1109/2017: PGOU Cabezon de la Sal, sobre la devaluación del Estudio Económico Financiero.
  • STS 1110/2017: Acerca de la degradación de suelo urbano consolidado a no consolidado.
  • STS 1111/2017: Acerca de las fases previstas para la planificación de reservas estratégicas de suelo en la Ley 5/2008 de las Islas Baleares.

STS 1109/2017, de 22 de junio de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación contra la sentencia de 5 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anulaba la Orden de la Comisión Regional de Ordenación de Territorio y Urbanismo de 17 de diciembre de 2013, por la que se aprobaba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal.

El motivo que prospera de los denunciados por Gobierno de Cantabria es el relativo a la valoración que se ha realizado sobre el Estudio Económico Financiero. El Tribunal Supremo recuerda en esta sentencia la devaluación de la importancia del Estudio Económico Financiero en reiterada jurisprudencia. Devaluación en el sentido de que no es necesario que el mencionado Estudio requiere un detalle exhaustivo de las cantidades para la realización de las previsiones del Plan para que este se considere suficiente y válido. El Tribunal Supremo ha admitido que plasmar las previsiones generales y la constatación de la existencia de fuentes de financiación con las que poder llevar a efecto el Plan es suficiente.

La sentencia recurrida apreciaba una insuficiencia pero sin haber valorado el Estudio Económico Financiero aprobado y basándose en un informe del Técnico de Apoyo Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo sin haber analizado si las deficiencias que en él se contenían eran ciertas.

 

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STS 1110/2017, de 22 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de A Coruña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de marzo de 2016 por la cual se estimaba un recurso contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por el que se aprobaba el Plan General de Ordenación Municipal del Concejo de A Coruña.

En dicha sentencia se estima que lo relativo a la categorización como suelo urbano no consolidado en realidad ha de ser catalogado como suelo urbano consolidado ante las características que tienen mencionadas fincas por lo que se anulan dichos extremos. Esta conclusión es obtenida debido a que esos terrenos determinados reúnen “las condiciones de urbanización efectiva propias del suelo urbano” según lo examinado en la documentación gráfica.

Estas condiciones de urbanización efectiva según la jurisprudencia marcada por el TS es, entre otras, contar no sólo contar “los servicios exigibles para su consideración como suelo urbano” sino también, pavimentación, aceras, alumbrado público y plenamente consolidados por la edificación.

Por otra parte el TS desmiente las alegaciones del Ayuntamiento de A Coruña sobre la superación de la doctrina por la cual se consideraba inadmisible la pérdida de la categoría de suelo urbano consolidado, por lo cual no cabría una degradación aunque los suelos afectados se incluyeran en actuaciones de transformación de regeneración. El TS justifica que justamente es la línea jurisprudencial mayoritaria y hoy única, considerándose que esa desagradación produce consecuencias incompatibles con el principio de equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento.

Cabe una mención a la identidad sustancial apreciada por esta sentencia con la STS 2435/2016, de 14 de noviembre, interpuesto también por el Ayuntamiento de A Coruña.

 

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STS 1111/2017, de 22 de junio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola Inmobiliaria S.A.U contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 5 de abril de 2016 mediante la cuál se atacaba, por un lado, la denegación de la tramitación o rechazo de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Ordenación de la oferta RES23 de Iberdrola Inmobiliaria SAU y, por otro lado, el Decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo, nº887, de 24 de enero de 2014, por el cuál se emitía informe preceptivo y vinculante en el sentido de no considerarse ni oportuno ni conveniente la continuación de la tramitación de la reserva estratégica 23/2008 de Son Ferriol, aceptando la propuesta de la Gerencia de Urbanismo.

Existen dos motivos centrales en la sentencia del Tribunal Supremo para desestimar el recurso de casación presentado. El primero, la falta de argumentación de una perspectiva probatoria que respalde la acusación de arbitrariedad o falta de motivación del informe del Ayuntamiento de Palma. Dicho informe contiene conclusiones referentes a los defectos técnicos y legales de las Normas Subsidiarias y Complementarias, el agotamiento del crecimiento previsto para la zona objeto del desarrollo de la oferta RES23, el impacto de la actuación, entre otras. Frente a estas conclusiones, la parte no ha acreditado irracionalidad o arbitrariedad alguna de la Sala, que atestiguo que las circunstancias fácticas y jurídicas del informe eran ciertas.

El segundo de los motivos es la discrepancia de la parte actora, por la que acusa a las Administraciones de desviación de poder, de la necesidad de que la fase de ordenación coincidiera con las determinaciones del contenido de la oferta seleccionada. Sin embargo, la STS tras examinar las dos fases que se prevén en la Ley 5/2008 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (selección de oferta del suelo; y, ordenación y desarrollo). En dicha Ley el momento de concreción se produce con posterioridad a la selección de la oferta, que es cuando se recaba el informe previo y vinculante de Consejos Insulares y Ayuntamientos. Estos informes, tal y como resolvió la Sala de instancia, enmascara en su vinculatoriedad, más allá de la función consultiva, una verdadera potestad decisoria; y, en el caso concreto, conforme a la regulación de la Ley 5/2008, la falta de emisión en plazo no le atribuye carácter positivo.

 

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