Domingo, Octubre 21, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1962/2017: Competencias municipales y autonómicas sobre la limpieza, conservación y adecuación de los arroyos de Málaga.
  • STS 1144/2017: La evaluación ambiental en el caso de los planes menores.
  • STS 1169/2017: La importancia del Informe de sostenibilidad económica y sus diferencias con el Estudio económico-financiero con respecto a los Planes Especiales.

STS 1962/2017, de 13 de diciembre de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia de 15 de mayo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se declaraba que la competencia de conservación y adecuación de los arroyos del término municipal de Málaga corresponde a la Junta de Andalucía, mientras que al Ayuntamiento de Málaga la recogida de los residuos sólidos que se encontraba en esos cauces.

El argumento principal por el que prospera la sentencia recurrida es la literalidad del artículo 13 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces por el cuál se asigna la conservación de los cauces públicos a la Administración competente en la gestión de la cuenca correspondiente.

El motivo de casación principal sostenido por la Junta de Andalucía ha sido la vulneración del artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que recoge que las actuaciones “en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y de urbanismo”.

El TS dictamina que no es una cuestión meramente autonómica, tal y como acogió el TSJ de Andalucía, y desarrolla lo que ya expuso en su STS de 10 de junio de 2014, ya que conforme a la Ley 10/2001 en relación a la LRBRL y al Estatuto de Autonomía de Andalucía, que atribuye en su artículo 92.2 a) competencias en materias propias del urbanismo, considerando de esta manera, en conclusión, que «la regla es la competencia municipal y la excepción la competencia autonómica». Siendo por tanto, en este caso, al igual que en la STS anteriormente mencionada, el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, el precepto del que se debe partir para solucionar el conflicto planteado.

 

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STS 1144/2017, de 29 de junio de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 8 de octubre de 2015 por la cual se desestimaba un recurso contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de León por el que se aprobaba la modificación del Plan parcial “Los Juncales”.

En dicha sentencia se expresa que no es de aplicación la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, no sólo por el alcance territorial limitado, de la modificación sino porque el Plan Parcial entero fue aprobado inicialmente antes de la publicación de la mencionada Ley; sin embargo, su modificación, sí fue aprobada posteriormente; modificación objeto del recurso y sobre la que el TS entra a valorar la exigencia de una evaluación ambiental.

El TS recuerda que la Ley 9/2006 exige para los planes menores la evaluación ambiental para los planes que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, así como los criterios definidores de esos efectos en su artículo 3, como pueden ser el impacto en la ordenación del territorio o el uso del suelo. Además exige que la decisión basada en los mismos se realice mediante un análisis motivado, público y adoptado previa consulta de las Administraciones sectoriales implicadas.

En el presente caso dichas exigencias no han sido cumplidas por lo que además de estimar el recurso de casación se admite el recurso contencioso-administrativo.

 

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STS 1169/2017, de 4 de julio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Melón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 30 de junio de 2016 mediante la que se anulaba un Acuerdo del mencionado Ayuntamiento por el cuál se aprueba un Plan especial de dotaciones e infraestructuras básicas relativas a Cruceiro Gordo debido a la ausencia del Informe de sostenibilidad económica y de un estudio económico, entre otros.

El TS aprovecha la ocasión para recordar y aclarar la jurisprudencia sobre el alcance y finalidad de ambas figuras, ya que, por un lado el estudio económico-financiero prevé el coste de ejecución de la actuación, fuentes de financiación, etc.; pero, por otro lado, el informe de sostenibilidad económica va mucho más allá, no limitándose en una perspectiva temporal ya que ha de considerar su impacto en la Hacienda de las Administración o Administraciones correspondientes, tanto en su puesta en marcha como a posteriori mientras siga siendo responsabilidad de la Administración. En pocas palabras, el estudio económico-financiero debe probar la viabilidad de la intervención, mientras que el informe de sostenibilidad económica debe apreciar que puede ser sustentado en el tiempo por las Administraciones Públicas.

Ante la ausencia del informe de sostenibilidad económica reconocida por el propio Ayuntamiento, la Administración expresa que la verdadera naturaleza de la actuación es más un proyecto de obras que una figura de ordenación urbanística, que busca legalizar una dotación que no posee cobertura jurídica alguna. El Tribunal Supremo, con estos hechos, declara que no ha lugar al recurso de casación.

 

 

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