Lunes, Junio 18, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • SSTS 909/2017, 1413/2017 y 1482/2017: Anulación de limitaciones municipales a actividades vinculadas a la prostitución.
  • STS 1145/2017: Sobre la ausencia del trámite de información pública en casos de urgencia.
  • STS 1231/2017: Solicitud de la inversión de la carga de la prueba ante una posible desviación de poder en el ámbito urbanístico.

 

STS 909/2017, de 24 de mayo de 2017; STS 1413/2017, de 21 de septiembre de 2017; y, STS 1482/2017, de 2 de octubre de 2017: El Tribunal Supremo desestima varios recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Mataró contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6 de mayo de 2015 (y 2 de abril de 2015) que anulaba los artículos 8.2, 9.4 y la disposición transitoria aprobados en la modificación de la Ordenanza municipal sobre las actividades donde se realizan actividades de naturaleza sexual, aprobada el 12 de enero de 2012 por el Pleno del Ayuntamiento de Mataró.

Los artículos anulados en instancia son los referentes a las limitaciones de superficie de los establecimientos que se dedican a estas actividades en 500m2 para la actividad principal y al 10% de la superficie de la actividad principal para la superficie de los reservados anexos.

El Tribunal Supremo rechaza los motivos de casación presentados: en primer lugar, la falta de motivación, ya que en la sentencia impugnada se dan las razones de porque las limitaciones que se introducen no se ajustan al contenido de lo que la ley presenta como condiciones o restricciones adicionales. Máxime cuando el ayuntamiento no aportó justificación alguna sobre las limitaciones al amparo del artículo 26.3.a) de la Ley 11/2009 de regulación de espectáculos públicos en Cataluña, cuya finalidad no es otra que evitar aglomeración de actividades o que las mismas impidan la coexistencia con otras. Siendo argumento de la demandante en instancia que la verdadera finalidad de la Ordenanza es prohibir las actividades relacionadas con la prostitución. Por otro lado, el TS cree que «son limitaciones introducidas en una ordenanza que no pueden tener la cobertura de un precepto que apodera para introducir restricciones o condicionantes en aspectos de ordenación ajenos a las limitaciones de superficies», ya que el ámbito de la sentencia no es ni el urbanístico ni el medio ambiental, sino la regulación de espectáculos.

En segundo lugar, se alega la infracción de la garantía institucional de la autonomía local, tanto por invasión de las facultades de limitación que la Ley 11/2009 concede a los ayuntamientos, como por la invasión del ámbito del ejercicio de la potestad reglamentaria de los Entes locales amparada no sólo de forma sectorial por la Ley 11/2009 sino también por la LBRL. El Tribunal Supremo estima que está invocación tiene carácter instrumental y rechaza los argumentos porque la sentencia de instancia anula los artículos debido a que no se ajustan a la norma de cobertura presentados, ya que estas limitaciones no pueden tener carácter urbanístico ni medioambiental, sino en materia de espectáculos públicos y con una finalidad concreta de evitar concentración de establecimientos y garantizar la coexistencia con otras actividades, por lo que la Sala de instancia lo que ha hecho es ejercer su potestad jurisdiccional  (arts. 106.1 CE y 1 LJCA).

 

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STS 1145/2017, de 29 de junio de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 20 de noviembre de 2015 contra el Decreto 54/2013, de 26 de abril, del Consell (y modificado posteriormente), por el que de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Urbanística Valenciana, se suspende la vigencia del PGOU de Denia de 1972 y se establece un régimen urbanístico transitoriamente aplicable en tanto culmine el procedimiento de aprobación del Plan General en trámite.

El motivo clave para la estimación del recurso de casación interpuesto será la ausencia del trámite de información pública; y no las alegaciones de inexistencia del estudio económico financiero al igual que la omisión del trámite de sometimiento de evaluación ambiental.

En estos últimos dos casos, sobre los que el Tribunal Supremo no llega ni a entrar si parafrasea la sentencia de instancia mediante la que se recuerda que ambos tipos de informes siguiendo sus normativas aplicables sólo son exigibles cuando se contemplen actuaciones de nueva urbanización ya que el nuevo Régimen Urbanístico Transitorio sólo va a venir a «afectar solamente al suelo urbanizado, entendiendo como tal aquel que esté urbanizado o al menos haya iniciado el proceso de urbanización».

Para el Tribunal Supremo van a ser más importante las alegaciones referidas a la ausencia de participación ciudadana en el trámite de aprobación de normas urbanísticas transitorias. El Tribunal Supremo va a recordar que el derecho de participación en el ámbito urbanístico no sólo es de configuración legal, sino que además es una exigencia constitucional derivada del artículo 105.a) CE. Por lo tanto la Ley del Suelo de 2008 con carácter básico va a venir a plasmar dicha exigencia constitucional, pero ni la forma ni el modo, algo que debe realizar el legislador autonómico, que por lo tanto no puede vaciar de contenido esos preceptos básicos negando el derecho a la participación.

El Tribunal Supremo acude a su sentencia de 5 de febrero de 2014, que en un caso muy parecido en el marco de la legislación gallega, desatiende las alegaciones de urgencia para suprimir el trámite de audiencia pública o ampararse en que la ley autonómica específica no recoge dicho trámite. En dicha sentencia se separaba de la tesis mantenida hasta entonces, considerando ahora que el trámite de información pública es inexcusable por imperativo, no sólo de la Constitución sino de la Ley del Suelo entre otras, cualquiera que sea la naturaleza o previsión de vigencia de las disposiciones que se pretenden aprobar. Por lo tanto el acto se considera nulo al eludir este trámite de información pública.

 

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STS 1231/2017, de 12 de julio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de junio de 2016 contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 28 de febrero de 2008 por el que se aprueba el Plan Especial de catalogación y preservación de masías y casas rurales en el suelo urbano del municipio de Pallejá.

La recurrente pretende la nulidad de la exclusión del uso de equipamiento sanitario-residencial de titularidad privada, ya que estima que dicha exclusión constituye una muestra de desviación de poder, cuya única finalidad era «impedir el uso de residencia geriátrica en la masía propiedad de la recurrente». En el recurso de casación la recurrente solicita la inversión de la carga de la prueba invocando el artículo 217.7 LEC para que «la Administración planificadora […] explicite los criterios técnicos que han motivado la imposibilidad de un uso de equipamiento sanitario-asistencial en la masía de su propiedad».

El Tribunal Supremo recuerda que el fundamento de la demanda no es una falta de motivación sino la desviación de poder, por lo cual la aportación de datos o hechos para acreditar dicho fin deben ser aportados por quien la alega. El TS recoge su doctrina en cuanto a la desviación de poder, como infracción recogida en el artículo 106.1 CE y que vicia de nulidad el acto al no responder a la finalidad de la actividad administrativa. Es por ello que el Tribunal recuerda que ante las dificultades de extraer una prueba plena, basta con una prueba suficiente, indirecta, pero no basarse en «meras presunciones ni en suspicacias y especiosas interpretaciones». El TS por lo tanto estima que no hay justificación alguna para la inversión de la carga de la prueba y se remite a la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia de que las pruebas o indicios no son suficientes para mostrar una desviación de poder.

 

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