Viernes, Octubre 19, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1170/2017: Margen de discrecionalidad de la Administración para clasificar un terreno como suelo no urbanizable.
  • SSTS 1171/2017, 1173/2017 y 1174/2017: Sobre el régimen transitorio de aplicación de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
  • STS 1251/2017: Impugnación de Normas Subsidiarias de Formentera del año 2010 mediante ejecución de sentencia de 1996.

 

STS 1170/2017, de 4 de julio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto, entre otros, por la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 26 de febrero de 2016 por la cual se estimaban algunas pretensiones contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía por la que se aprobaba la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, en concreto, en lo relativo a las determinaciones urbanísticas del PAM-LE-6 “Lagarillo” y el SUNC-0-LE.3 “Calle Halespensis”.

Lo que se viene a discutir en esta sentencia es la revisión que se realiza de la SUNC-0-LE-3 “Calle Halespensis”, ya que el TSJ entiende que la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) no es correcta ya que el mismo debe ser clasificado como suelo especialmente protegido en base a las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) ya que según el informe pericial dichos terrenos están afectados por pendientes superiores al 35%, están sometidos a erosiones y desprendimientos, los atraviesa un arroyo y cuentan con valores paisajísticos.

Ninguno de los motivos que se presentan contra la STSJ prosperan. No se han quebrantado, en primer lugar, las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por haber aplicado de forma irrazonable el artículo 18.6 POTAUM. Para el Tribunal Supremo, además de haber citado incorrectamente el artículo que concierte a la cuestión, ya que el supuesto que se enjuicia se incluye en el artículo 18.7, no existe ningún indicio de arbitrariedad o irrazonabilidad, ya que los elementos y razones de juicios han sido expuestas de forma clara y fundamentadas en Derecho, juntamente con que la norma esgrimida es de carácter autonómico, no cumpliendo con los requisitos procesales de casación. Tampoco existe una valoración de la prueba irracional e ilógica por estos mismos motivos.

El problema central del caso surge en el margen de discrecionalidad que tiene la Administración para clasificar un terreno como no urbanizable, ya que según la Junta de Andalucía se ha producido una aplicación indebida del artículo 9.1 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV), así como del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 (TRLS08), resultando improcedente que el PGOU pueda someter a protección unos terrenos que el planeamiento territorial excluyó de tal protección. Lo cierto es que el TS recoge a lo largo de su Fundamento Jurídico 6º su abundante jurisprudencia sobre esta cuestión, y es que la clasificación de un terreno como suelo no urbanizable tiene carácter reglado cuando concurran las circunstancias del artículo 9.1 Ley 6/1998, es decir, por encontrarse sometido a un régimen de protección especial; o también, según recoge el artículo 9.2 por salvaguardar una serie de valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, en este último caso sí existe un margen de apreciación si bien no demasiado amplio, ya que si concurre alguno de esos valores, será preceptivo aplicar la clasificación de suelo no urbanizable.

Por otro lado, las potestades planificadoras de los Ayuntamientos no se agotan ante lo dictado por Planes Territoriales o Leyes Sectoriales, ya que los espacios protegidos por éstos, si bien deben ser respetados por la Administración municipal, suponen un mínimo ampliable «en función del modelo territorial elegido y los valores específicos a proteger en el concreto territorio ordenado».

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SSTS 1171/2017, 1173/2017 y 1174/2017, de 4 de julio de 2017: El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt y la Generalitat de Cataluña contra las respectivas sentencias de del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaraban nulos de pleno derecho, el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Montalt y el acuerdo de aprobación definitiva del mismo por falta del trámite de evaluación ambiental estratégica.

El TS desestima todos los motivos de carácter procesal declarando que la sentencia es conforme a derecho, no existiendo falta de motivación, ni incongruencia, ya que el Tribunal de instancia aplica no sólo tiene en cuenta la normativa invocada sino también todo el derecho vigente de acuerdo al principio iura novit curia.

El TS por lo tanto no modifica la determinación de nulidad que realiza la Sala de instancia al establecer que la documentación medioambiental incorporada al plan es insuficiente, omitiéndose el trámite esencial de la evaluación ambiental estratégica que provoca la nulidad de pleno derecho del instrumento de planificación.

Esto es así porque no se cumplen las exigencias de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de julio aplicable al caso que establecía la necesidad de la evaluación medioambiental en relación con los planes y programas y es que los trámites «inusitadamente prolongados» del caso concreto que se iniciaron el 25 de julio de 2002 con la aprobación definitiva y vinieron a concluir el 12 de mayo de 2011, provocaron que les fueran de aplicación las disposiciones transitorias no sólo de legislación estatal (disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos) sino también de legislación autonómica (disposición transitoria décima de la Ley 10/2004 de reforma de la Ley 2/2002 de Urbanismo de Cataluña, entre otras) que establecían la obligación de realizar una evaluación ambiental a las figuras de planeamiento urbanístico no resueltas de forma definitiva y que en el caso de autos no se respetó.

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STS 1251/2017, de 13 de julio de 2017: El Tribunal Supremo declara que no ha lugar al recurso de casación planteado contra el auto de 23 de abril de 2012 del Tribunal Superior de las Islas Baleares, que desestimaba el recurso de súplica presentado, ya que mediante ejecución de sentencia del 3 de mayo de 1996, pretendía obtener la nulidad de pleno derecho de las Normas Subsidiarias de Formentera aprobadas el 30 de septiembre de 2010.

El TS no acoge las pretensiones de la mercantil recurrente que pretende impugnar unas Normas Subsidiarias aprobadas en 2010 mediante ejecución de una sentencia dictada en 1996. El Tribunal Supremo, que sólo puede entrar a controlar que la sentencia se haya ejecutado en sus propios términos y se respeta la cosa juzgada, confirma que la sentencia ya se encuentra plenamente ejecutada mediante diversos acuerdos, así como un Convenio Urbanístico celebrado entre el Ayuntamiento de Formentera y la empresa recurrente, que consistía en dotar al 70% de los terrenos afectados en una zona urbana concreta la clasificación de suelo urbano.

El TS concluye que la sentencia de 1996 no resulta contradicha por la aprobación de otros instrumentos de ordenación, por lo que la inclusión de dichos terrenos en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) es conforme a Derecho, tal y como declara la STS de 21 de abril de 2010, entre otros motivos porque los mismos no se encontraban consolidados por la edificación y porque «desde la competencia medio ambiental [se les incluye] dentro de una zona periférica de protección distinguiéndolos de otros suelos urbanos próximos existentes en las áreas protegidas […] inclusión determinada en la propia Memoria de la Ley 17/2001 [de protección ambiental de Ses Salines de Ibiza y Formentera]».

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