Miércoles, Octubre 16, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1948/2017: Tributación del IBI en el caso de la prestación de servicios públicos mediante el régimen de contratación privada del derecho de superficie.
  • STS 1995/2017: Cómputo de las zonas ocupadas por terceros en el área de grandes superficies o centros comerciales en el IAE.
  • STS 2076/2017: Calificación como “comercio al por menor” o “comercio en almacenes populares” de la actividad realizada por una cadena de supermercados, en el cómputo del IAE. Inadmisibilidad por cuantía del litigio indeterminada.

STS 1948/2017, de 12 de diciembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en interés de ley interpuesto por el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 9 de junio de 2016 que estimaba parcialmente las pretensiones de la mercantil Can Brians 2, S.A. contra resoluciones relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios 2009 a 2013 relativo al inmueble en el que se ubica el “Centro Penitenciario Brians- 2”.

La sentencia recurrida reconocía el derecho de la mercantil de que el inmueble del centro penitenciario quedara exento de IBI en cuanto se refiere al suelo sobre el que se asienta el edificio. Sin embargo, la administración tributaria considera que dicha interpretación es errónea basándose en que la configuración del hecho imponible del IBI se prevé como un todo, además de suponer una exención parcial no prevista por el artículo 62.1.a) TRLHL. Además, justifica el daño para el interés general en la cantidad de inmuebles, no sólo en Cataluña sino también en el resto de España, que están sujetos a esta fórmula de colaboración público-privada de la contratación a través de la figura del derecho de superficie; y, debido a esto, la interpretación realizada por el TSJ de Cataluña podría producir una merma en los ingresos de las Haciendas Locales.

El Tribunal Supremo declara conforme a derecho la interpretación que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por lo tanto rechaza las pretensiones tanto del Organismo de Gestión Tributaria que cree que la titularidad no se puede escindir en dos y por lo tanto no cabe exención alguna; y, por lo tanto, también rechaza las pretensiones de la compañía que perseguía la exención total también basándose en la no escisión de la titularidad.

En el caso concreto si concurre la propiedad de la Generalitat de Cataluña (suelo) y la propiedad del mercantil (vuelo), como superficiaria y ambos elementos son susceptibles de una valoración catastral separada, resulta ajustado a la regulación del IBI que se puedan escindir ambos conceptos. De esta manera el TS apoya que el inmueble solo quede exento de la aplicación del IBI en cuanto al suelo ya que en la misma se dan los requisitos subjetivos (propiedad de una Comunidad Autónoma) y objetivos (bien afecto a servicios penitenciarios) previstos en el artículo 62.1 TRLHL.

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STS 1995/2017, de 18 de diciembre: El Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por Centros Comerciales Carrefour contra la sentencia de 13 de septiembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la resolución del TEAR de Extremadura correspondiente a las actas de disconformidad que levantó el Servicio de Inspección de Hacienda Pública Local del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz sobre la actividad de hipermercado desarrollada en dos centros comerciales.

La controversia surge porque la inspección computa como elemento tributario todo el recinto comercial incluidos los locales existentes dentro del mismo recinto pues guardan «unidad arquitectónica […], con puertas de acceso únicas y recinto comercial unívocamente señalado como “Carrefour”». Para el servicio de inspección la propiedad de los locales es irrelevante.

Carrefour, tanto en instancia como ahora en sede casacional, alegaba que la galería comercial compuesta por locales independientes era propiedad de terceros, cuya actividad nada tenía que ver con la de la demandante, y sobre la que Carrefour no ostenta ningún derecho; de esta manera exigía que sólo debía tributar por la superficie atribuible al hipermercado.

El Tribunal Supremo estima las pretensiones de la demandante puesto que el hecho decisivo no puede ser la configuración arquitectónica del inmueble, ya que no es indiferente la persona que ostenta la titularidad sobre la utilización del local.

El TS afirma que no se pueden incluir para el cálculo de las cuotas del IAE las zonas ocupadas por terceros distintos a quien la Administración tributaria haya considerado sujeto pasivo, si este sujeto pasivo carece de título alguno. De esta manera se declara que el mecanismo formal de simplificación tributaria que se ha utilizado por parte de la Inspección no puede contradecir el principio de capacidad económica en materia tributaria (art. 31.1 CE).

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STS 2076/2017, de 26 de diciembre: El Tribunal Supremo inadmite recurso de casación en interés de ley interpuesto por el Ayuntamiento de Málaga contra la sentencia de 22 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimaba las pretensiones de Lidl Supermercados contra la resolución del TEAR de Andalucía que rechazaba una reclamación contra la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Málaga que le daba de alta en el epígrafe 674.7 del IAE en lugar del 661.3.

El Ayuntamiento de Málaga interpuso recurso de casación considerando que la sentencia infringe las tarifas del IAE, al incluir la actividad de Lidl en el epígrafe de 661.3 de “comercio en almacenes populares”, entendidos como establecimientos con secciones múltiples y que venden en autoservicio; en lugar del 674.4 de “Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas” en régimen de autoservicio.

El Ayuntamiento se justifica en que la actividad de los supermercados Lidl no tiene secciones múltiples, puesto que hay un dominio de los productos de alimentación y droguería; y no contienen servicios de actividades complementarias que si se enclavan en los comercios del epígrafe 661.3 como cafetería-restaurante o salones de belleza.

Sin embargo, el Tribunal Supremo acoge la solicitud de la fiscalía frente al Ayuntamiento y la Administración General del Estado y declara inadmisible el recurso de casación en interés de ley, ya que cabía recurso ordinario contra la sentencia recurrida, ya que la cuantía del litigio se declara indeterminada. Además, la fiscalía no aprecia daño para el interés general debido al casuismo de la cuestión.

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