Lunes, Octubre 22, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1622/2017: Anulación de la desestimación de solicitud de tramitación de Plan Parcial.
  • STS 1646/2017: Aplicación de la doctrina de protección de la futura ordenación urbanística en la suspensión de tramitación de planes y licencias en el ámbito del Sector Noroeste de Pedralbes en Barcelona.
  • STS 1651/2017: Aplicación de la doctrina del TS sobre el control de legalidad autonómico sobre la planificación urbanística.

STS 1622/2017, de 26 de octubre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Getxo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 19 de mayo de 2016 que declaraba la nulidad del Acuerdo de 7 de julio de 2015 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento recurrente que desestimaba la solicitud de la mercantil recurrida de aprobar inicialmente el Plan parcial del Sector 3-Azkorri.

El Tribunal Supremo desestima los motivos planteados en casación, no acogiendo ninguno, ya que no existe ningún tipo de falta de motivación por parte de la sentencia del TSJ del País Vasco. En ella se recoge que el plan parcial propuesto para su tramitación cumple con las previsiones sobre edificabilidad de la nueva legislación; que el contenido de la memoria del Plan Parcial exigiría del Ayuntamiento una respuesta motivada para rechazar su tramitación; que el Ayuntamiento habría incumplido los plazos para llevar a cabo la adaptación del plan a las nuevas disposiciones urbanísticas; y, por último, que la parte tiene derecho a que se tramite el Plan, salvo que concurran, defectos insubsanables.

Este es un elemento importante y es que la Sala de instancia no considera justificada la decisión municipal ya que desde septiembre de 2006 que entró en vigor la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, el Ayuntamiento no aprobó revisión o modificación del Plan General para alcanzar la finalidad que soportó la decisión de rechazar la aprobación inicial del Plan Parcial, decisión que ha quedado anulada y confirmada en casación, por lo tanto no es necesario que el Ayuntamiento con carácter previo adapte la ordenación estructural del PGOU.

Tampoco se acoge el motivo de infracción del “régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación”, ya que no se ha mencionado en el procedimiento, sin embargo, el TS acoge la tesis de la parte recurrida de que «no procede la extrapolación del principio de equidistribución de beneficios y cargas a la totalidad del suelo urbanizable del municipio, cuando la tramitación se pretende únicamente para la Sector Azkorri con una única unidad de actuación».

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STS 1646/2017, de 31 de octubre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de febrero de 2016 contra las pretensiones de anular el Acuerdo de 17 de mayo de 2012 la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient del Ayuntamiento de Barcelona por el que se suspendía durante un año la tramitación de planes derivados, instrumentos de gestión urbanística, licencias de parcelación, de actividades de usos concretos, así como la concesión de otras autorizaciones municipales conexas, establecidas por la legislación sectorial, en el ámbito del Sector Noreste de Pedralbes, con el propósito de estudiar la modificación, en ese mismo ámbito, del planeamiento general metropolitano.

El Tribunal Supremo, así como el TSJ de Cataluña, vienen simplemente a aplicar la doctrina consolidada a este respecto, que es entender que estas suspensiones son una medida cautelar administrativa que «trata de velar sobre posterior y futura ordenación urbanística que resulte procedente evitando la producción de hechos, en su caso consumados, que podrían desvirtuar, imposibilitar u obstar la recta y debida aplicación de ese nuevo régimen».

 

Los motivos son desestimados, destacando la denuncia de la vulneración del artículo 103.4 LRJCA, ya que, según los recurrentes, esta suspensión tiene la finalidad de evitar que pueda ser ejecutada la STS de 2 de noviembre de 2011 (RC 4934/2007), que casó la STSJ de Cataluña de 7 de julio de 2007 (RCA 123/2004). Sin embargo, el TS no acoge estas pretensiones pues establece que en el supuesto de autos nos encontramos ante «una situación reglada y de obligado cumplimiento» para el Ayuntamiento actuante en el inició del ejercicio de la potestad de planeamiento, por lo tanto no puede aceptarse la alegación de la parte recurrente, ya que el inicio de una nueva tramitación con la finalidad de comprobar el nivel de protección de los terrenos y su consiguiente calificación, era una actuación «viable y obligada» y por lo tanto, la posibilidad de realizar la suspensión encaja en la potestad que posee la Administración municipal, teniendo, por tanto, soporte jurídico.

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STS 1651/2017, de 31 de octubre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 29 de enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimaba el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo adoptado el 29 de septiembre de 2010 por la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona denegando la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial Urbanístico del Catálogo de Masías y Casas Rurales, promovido por el Ayuntamiento de Palafrugell a instancias de la ahora recurrente.

Por medio de esta modificación se pretendía la inclusión a este catálogo de una edificación situada en este municipio, en terrenos calificados como suelo no urbanizable, combinándose en la misma, usos agrarios y uso habitacional. La Comisión Territorial denegó esta modificación ya que según su criterio la construcción no cumplía los requisitos legales de rigor para verse incorporada al catálogo a título de casa rural susceptible de reconstrucción o de rehabilitación para usos residenciales o habitacionales.

Contra la sentencia de instancia, se esgrime la infracción de la autonomía local y la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de control de legalidad por parte de los órganos encargados de la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. Ninguno de estos motivos es estimado por el TS.

El Tribunal Supremo recuerda en primer lugar su doctrina y la doctrina constitucional sobre que la autonomía local es una garantía institucional, pero su construcción es legal, correspondiendo al legislador su configuración respetando el núcleo esencial de esa garantía. Por otro lado, ha habido una evolución jurisprudencial, a reducir la discrecionalidad municipal urbanística, sobre todo en aquellos campos donde exista concurrencia de intereses locales con otros de carácter supramunicipal, donde queda además justificado el control de legalidad de otras Administraciones como es el caso de autos.

No sólo concurren, en este caso, intereses locales, sino también otros intereses supramunicipales, expresados ya en la normativa urbanística catalana, que atribuye a la Administración autonómica «proteger de forma muy especial el SNU; y ello al objeto de evitar su transformación inadecuada o irresponsable», pudiendo por tanto ejercerse ese control de legalidad.

El Tribunal Supremo también recuerda la importancia de los intereses medioambientales que se ha ido incluyendo en la planificación urbanística y la vinculación de esta a los instrumentos de protección de espacios naturales, tal y como establece la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad., siendo esto un factor en consideración ya que nos encontramos ante «un continuo proceso de desapoderamiento de potestades netamente urbanísticas, especialmente de las citadas potestades municipales», buscándose de esta manera una calificación responsable con el medio ambiente.

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