Lunes, Diciembre 10, 2018

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1738/2017: Anulación de un Plan Parcial “en blanco”. No es necesaria la publicación para impugnar la forma de aprobación de un acuerdo.
  • STS 1779/2017: Se aprueba segunda Modificación Puntual para la regasificación en el suelo industrial de Punta Promontorio.
  • STS 1820/2017: Ejecución fraudulenta de sentencia que ordenaba una nueva adjudicación del concurso sobre terrenos y aprovechamientos urbanísticos.

 

STS 1738/2017, de 15 de noviembre: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 10 de junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villajoyosa de 21 de noviembre de 2013 por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo de la Acción Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución Única del Sector PP-24 “Paradis Nord” del Plan General de Ordenación urbana de Villajoyosa.

El recurso planteado ante la Sala de instancia estimó en parte el recurso contencioso-administrativo declarando inadmisible el recurso planteado contra la aprobación condicionada del PP del Sector 24 y estimándolo en lo demás, anulando el resto del acto, por ser contrario a Derecho en todos sus términos. El TSJ de la Comunidad Valenciana acoge la tesis del Ayuntamiento y del urbanizador que afirman que el Plan Parcial no tiene carácter definitivo y por lo tanto no se han iniciado los plazos para que dicho Plan pudiera ser impugnado, algo verificable, según el Ayuntamiento por la falta de publicación.

El Tribunal Supremo rechaza este planteamiento afirmando que, al margen de las características de la aprobación producida, el recurso debió admitirse a trámite ya que la demanda cuestionaba la forma en la que esta aprobación se había producido. De esta forma rechaza la máxima, planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana, “si no existe publicación, la resolución carece de efectos”.

Hay que tener en cuenta que el Plan Parcial objeto del conflicto es un Plan «que, prácticamente está por hacer», carece de los diferentes informes sectoriales, preceptivos y vinculantes, de las determinaciones básicas del Plan parcial, como el levantamiento topográfico o la definición de parcela mínima, entre otras muchas. Además carece de publicidad y participación pública; y, se determina, también, que la subsanación será controlada por un mero informe de los Servicios técnicos municipales. No estamos por tanto ante la subsanación de un requisito o trámite concreto, «sino a la determinación de la propia esencia del Plan», superando de manera amplia el «test de subsanabilidad». Esto no quiere decir que no sea posible la aprobación condicionada de un Plan Parcial, sino que esa aprobación debe producirse «dentro de un ámbito de lógica y racionalidad».

Por todo ello acoge la tesis de nulidad del Acuerdo impugnado mantenida por el TSJCV y rechaza que no se pudiera impugnar el Acuerdo hasta su publicación cuando el objeto controvertido era realmente la forma de aprobación de un Plan además vacío de contenido y de futuro incierto.

 

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STS 1779/2017, de 21 de noviembre:  El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Plataforma de Veciños O’Cruceiro de Mehá contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de diciembre de 2015 que desestimaba la pretensión de nulidad de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Murgados para la adecuación de usos de regasificación en el suelo industrial de Punta Promontorio.

Esta se trata la segunda Modificación puntual litigosa sobre el mismo ámbito, ya que la primera aprobada en 2003 fue anulada por TSJ de Galicia el 22 de abril de 2009 y ratificada por el Tribunal Supremo el 11 de mayo de 2012.

El recurso de casación se basa, globalmente, en dos tipos de motivos: aquellos que pretenden alegar que la nueva modificación busca eludir el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales anteriores; y, otros que señalan un vicio procedimental con respecto a la evaluación ambiental.

No se acoge ninguna de las dos cuestiones planteadas por la plataforma recurrente. En el primer caso, la sala de instancia ya motivó que no se había aportado prueba alguna que indicara esa finalidad, por lo que no queda acreditada la finalidad elusiva de la nueva Modificación.

Por otro lado, no se acepta que existan defectos en la evaluación ambiental, ya que queda probado por la Sala de instancia que ha existido una nueva evaluación para esta segunda modificación y que además ha definido que la alternativa 1 era mejor que la alternativa 0 (referida a no realizar la modificación), tras un estudio. El Tribunal Supremo crítica que no se haya aportado ninguna prueba con la finalidad de desvirtuar la posición del TSJ, por lo que, las denuncias de valoración errónea de la prueba, falta de motivación o incongruencia omisiva son rechazadas de plano.

Tampoco se acoge el motivo de desviación de poder que la demanda basa en que era la Administración quien debía «probar que la Orden objeto de recurso obedecía a un interés público urbanístico y no a la mera finalidad de “subsanar” el acomodo de la planta en cuestión», ya que como indica la doctrina establecida por el TS, la prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión. Además, el Tribunal Supremo afirma que no existe constancia de la pretensión de alcanzar un fin distinto cuando la Junta de Galicia lo que ha hecho ha sido aceptar el planteamiento municipal.

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STS 1820/2017, de 27 de noviembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Auto de 21 de diciembre de 2015 desestimatoria en reposición del fechado el 3 de julio de 2014 del TSJ de Andalucía en Incidente de Ejecución de Sentencia del 19 de noviembre de 2004 que anulaba el Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de San Roque de 2002 que desestimaba el recurso de reposición deducido frente al Acuerdo del mismo órgano en el que se adjudicaba a la entidad Venta de Viviendas y Edificios Rehabilitados S.L. los terrenos y aprovechamientos de una determinada área urbanística.

La sentencia estimatoria que recayó sobre el recurso contencioso-administrativo anulaba la adjudicación, a la vez que ordenaba una nueva adjudicación del concurso respetando las bases. Esta anulación fue así porque la adjudicataria incumplió la Base tercera que exigía la presentación de determinada documentación nominada bajo un lema, añadiendo en sobre lacrado aparte, la documentación identificativa, con la finalidad de preservar un trato igualitario a todos los licitadores.

En este caso el auto recurrido no excluye a la adjudicataria del concurso ya que lo único pedido era la anulación de la adjudicación a su favor y la realización de una nueva adjudicación conforme a las bases, por lo que la adjudicataria puede concurrir cumplimiento las bases.

El presente recurso alega que los Autos recurridos, entre otras cosas, contradicen el fallo de la sentencia e infringen el artículo 53 LBRL y varios artículos de la LRJPAC, ya que entienden que los Autos recurridos «limitan la potestad de revisar sus actos al Ayuntamiento». Ninguno de los motivos prospera.

En primer lugar, no existe contradicción alguna, ya que el fallo es claro y exige una nueva adjudicación, por lo que el acuerdo municipal se aparta del fallo cuando retrotrae las actuaciones hasta la mesa de contratación para decidir acerca de la admisión de los licitadores seleccionados.

Y, en segundo lugar, el Tribunal Supremo recuerda la previsión existente en la Ley Reguladora de la Jurisdicción para que el órgano judicial pueda anular actuaciones administrativas en aquellos supuestos de ejecución fraudulenta de los pronunciamientos judiciales. Por lo que la facultad de la revisión de oficio no tiene «la más mínima aplicación o trascendencia para resolver el supuesto».

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