Hace casi dos décadas, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local creó un órgano colegiado y especializado, que tiene entre otras funciones la de resolver las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local en los denominados “municipios de gran población”, que son aquellos a los que resulta de aplicación el régimen de organización y funcionamiento contenido en el Título X de la LBRL.
La vía económico-administrativa previa a la vía judicial ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva de la Administración encuentra su fundamento al poner en su conocimiento el contenido de la pretensión, dándole la oportunidad de resolverla y evitar la vía judicial, y desde la perspectiva del recurrente le permite descargarse de los costes del proceso para obtener la satisfacción de su pretensión (cfr. entre otras, STC 275/2005, de 7 de noviembre, FJ 4,ECLI:ES:TC :2005:275). Esta última perspectiva es relevante al poner de manifiesto que no opera solamente como un beneficio de la Administración sino también de los administrados.
Fachada del Tribunal Supremo
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto de gestión compartida, lo que supone, en síntesis, que la Administración tributaria del Estado tiene atribuida originariamente la gestión censal y la inspección del impuesto, así como la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales, y a los ayuntamientos corresponde la gestión tributaria de las cuotas municipales.
Este peculiar sistema de gestión se complica con la presencia de fórmulas de redistribución competencial, que incluso pueden resultar simultáneas: unas “descendentes”, atribuyen el ejercicio de las competencias estatales a otras administraciones tributarias de ámbito territorial inferior (art. 91.1 y 3 TRLRHL); y otras “ascendentes”, posibilitan que los ayuntamientos puedan delegar o establecer mecanismos de colaboración en relación con la competencia de gestión tributaria con entidades territoriales supramunicipales (arts. 7 y 8 TRLRHL).
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Para hacer frente a dicha situación, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre otras cuestiones, el art. 7 del citado RD 463/2020 estableció importantes limitaciones a la libertad de circulación de las personas, y su Disposición Adicional Tercera procedió a regular la suspensión de los plazos administrativos.
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).
Una de las múltiples cuestiones que suscita su regulación es la aplicación del art. 26.5 de la LGT, que regula la liquidación de intereses de demora cuando resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación en los casos de anulación administrativa o judicial de la liquidación originaria. El citado precepto ordena computar los intereses sobre el importe de la nueva liquidación, desde el día que resulte conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 26 de la LGT, y hasta que se dicte la nueva liquidación, sin que el dies ad quem pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución anulatoria.
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Como señalamos en el anterior comentario, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolución recursos de casación en los que se suscitan cuestiones de gran calado en relación con las tasas locales.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos catalanes, y con una evidente finalidad extrafiscal, modificó la Ordenanza Fiscal correspondiente a la Tasa por la prestación de servicios generales, para incluir el gravamen de las actuaciones derivadas de la inspección y el control de las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda en Cataluña. Su hecho imponible está constituido por la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, de inspección de edificios y viviendas, efectuada a instancia particular o de oficio, que detecte el uso anómalo de las viviendas, así como las órdenes de ejecución que se pudieran derivar. La tasa se devenga una vez declarada por resolución firme en vía administrativa la situación anómala de la vivienda por mantenerla desocupada más de dos años sin causa justificada. La Ordenanza Fiscal regula distintos supuestos de exención, y una importante bonificación del 90 por 100 de la cuota aplicable a los sujetos pasivos que acrediten tener un patrimonio neto inferior a 500.000 euros y bienes por valor inferior a 2 millones de euros.
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La reforma del recurso de casación en el ámbito contencioso-administrativo, operada por la D. F. Tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio, ha implicado un cambio de paradigma en su configuración y, en lo que aquí interesa, ha ampliado significativamente el número de resoluciones sobre tributos locales que tienen acceso a la casación. La regulación anterior limitaba extraordinariamente el acceso al Tribunal Supremo de las cuestiones relacionadas con la Hacienda local[véase, FERNÁNDEZ MONTALVO, R. (2014), Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Hacienda local]. Actualmente, el vigente recurso de casación contencioso-administrativo constituye un instrumento procesal volcado en la función hermenéutica del Derecho Público, administrativo y tributario, en el que la noción de “interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia”se erige en la piedra angular del nuevo modelo casacional (véase, el ATS de 19 de junio de 2017 -Rec. Nº. 273/2017-).
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