Nuevamente llegan las elecciones autonómicas y locales y toca realizar un repaso a las propuestas de los partidos políticos.
Moneyba González Medina
Juan Capeáns Amenedo*
Sonia De Gregorio Hurtado**
Seguir Leyendo La cuestión metropolitana en Madrid, ¿por qué no se habla de ello?
En un momento político en el que la desinformación y los populismos están cobrando fuerza, la evaluación de políticas públicas antes, durante y después de su implementación puede contribuir a contrarrestar estos fenómenos. La evaluación persigue mejorar la toma de decisiones y su impacto a través de la comprensión de qué funciona, por qué, para quién y bajo qué circunstancias (OCDE, 2020). Concretamente, la corriente evidence-based policymaking (políticas basadas en la evidencia), que se va imponiendo a nivel internacional, persigue minimizar el peso de las emociones en la toma de decisiones en favor de la información rigurosa con dos objetivos principales: utilizar el conocimiento existente derivado de la evaluación de programas para la toma de decisiones y generar conocimiento nuevo para que las futuras decisiones estén mejor informadas. Se trata de un enfoque que prioriza el valor del conocimiento y el análisis de los datos sobre ideología, las modas o la inercia.
Transcurridas varias semanas desde el comienzo de la guerra en Ucrania, uno de sus efectos más inmediatos ha sido el éxodo de refugiados. Según los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de personas que ha abandonado el país se aproxima a 3 millones. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del fenómeno, se trata de tres veces el número de refugiados que llegaron a Europa en 2015.
Logo del proyecto
‘Ruralizar las leyes’: una cuestión de justicia es el título de un artículo, publicado en el mes de febrero de este año, en el que se daba a conocer la aplicación del mecanismo Rural Proofing por primera vez en España. Este mecanismo, denominado en español “Mecanismo Rural de Garantía” (MRG), consiste en “revisar con lentes rurales” las políticas y la legislación impulsadas por los distintos niveles de gobierno con el objetivo de garantizar que no generen impactos lesivos para los municipios y comunidades rurales. Aunque no es muy conocido, hay varios países de nuestro entorno que ya lo aplican como es el caso de Suecia, Finlandia o Reino Unido.
Seguir Leyendo Implantación del Mecanismo Rural de Garantía en España. Una iniciativa pionera
Fuente: https://pixabay.com/es/photos/tablero-tiza-negocios-4862180/
En esta entrada tratamos de dar respuesta a esta pregunta a partir de los hallazgos de una reciente investigación[1], cuyos resultados se recogerán en el libro “La externalización de servicios públicos a nivel local. Experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos” (Reynaers et al., 2021), que el Instituto Nacional de Administración Pública publica a finales de este mes. El análisis pone el foco en los factores institucionales, organizacionales e individuales que influyen en la gestión de los contratos de servicios externalizados. Aspectos como el diseño del contrato y los pliegos, el seguimiento y la corrección del desempeño en caso de incumplimiento son analizados a partir del relato de los propios gestores de contratos en el ámbito local.
Como se recordará, el 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponían a nuestro ordenamiento las Directivas Comunitarias sobre adjudicación de contratos de concesión y contratación pública. Lo hacía con casi dos años de retraso y después de que España fuera sancionada por la Unión Europea. Sus dos objetivos principales eran, en primer lugar, conseguir una mayor transparencia en la contratación pública y, segundo, lograr una mejor relación calidad-precio. De este modo se pretendía acabar con las prácticas de corrupción y fraude, además de sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos. Todo ello debía conseguirse mediante una simplificación de los procedimientos de contratación, que redundaría, además, en una mayor calidad de la contratación y satisfacción de los usuarios con los servicios.
Autores: Criado, I.; Pastor, V. y Villodre, J.
En tiempos de distanciamiento social, la interacción digital con las administraciones se ha vuelto una práctica más habitual. Nadie hubiera imaginado este escenario en 2017, cuando la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea presentó una guía en eGobierno para promover la transición digital de las administraciones locales y regionales. En dicha guía se recogía información sobre una serie de instrumentos y oportunidades de financiación en el marco del Plan de Acción 2016-2020. Este plan estaba destinado a promover tres prioridades políticas:
El pasado mes de enero fue relevante para las ciudades. En primer lugar, el Ministerio de Fomento cambió su denominación tradicional por la de Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana[1]. De este modo, la Política urbana en España parece adquirir, por primera vez, una mayor visibilidad y grado de institucionalización. En segundo lugar, la ciudad de Oporto acogió el 4th Cities Forum 2020, un evento bianual organizado desde 2014 por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
[1] Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edificación y suelo”.
Seguir Leyendo La dimensión urbana en la Política de Cohesión post-2020
El título de esta entrada se corresponde con el de un reciente documento de la Comisión Europea (2019) en el que se da cuenta de cómo la Agenda urbana para la UE (2016) ha logrado llevar a la práctica la noción de “gobernanza multinivel” (MLG, por sus siglas en inglés). Y es que la MLG no solo es un término cada vez más presente en el discurso político, sino que tiene una gran importancia para la acción en el mundo local.
El origen del concepto se sitúa en la década de los noventa (Marks, Hooghe y Blank, 1996) y su desarrollo se debió a tres factores principales (Stephenson, 2013; Tortola, 2017). En primer lugar, la reforma de los Fondos Estructurales de la CEE en 1988, que puso un mayor énfasis en los principios de coordinación y partenariado (especialmente en la Política de cohesión). En segundo lugar, la movilización y proliferación de grupos de interés integrados en las redes de política pública en el contexto comunitario y, por último, la institucionalización del principio de subsidiariedad(Tratado de Maastricht, 1992), que consolidó la idea de que la acción política debe desarrollarse en el nivel de gobierno más efectivo y cercano a la ciudadanía.
Seguir Leyendo Agenda urbana para la UE: gobernanza multinivel en acción
En su libro “El triunfo de las ciudades”, Edward Glaeser, experto en economía urbana de la Universidad de Harvard, afirmaba que “es más probable que la solución de los problemas urbanos proceda de la iniciativa local que de la política federal” (2011: 127). Sin embargo, llama la atención que en los últimos años estemos asistiendo a una proliferación de marcos de política para la solución de problemas urbanos promovidos, precisamente, por entes supralocales. En concreto, nos referimos a los procesos de “agenda urbana”.
Y es que este término, frecuentemente empleado como sinónimo de “política urbana”, se ha ido extendiendo. En 2016, Naciones Unidas elaboró la Nueva Agenda Urbana, solo unos meses después del lanzamiento de la Agenda urbana para la UE.En la misma línea, países de todo el mundo han puesto en marcha sus propias agendas, que se presentan como una nueva generación de políticas urbanas que adoptan la forma de marcos estratégicos y se basan en el empleo de instrumentos propios de lo que se conoce como “Nueva Gestión Pública”. Además, el despliegue de estas agendas urbanas, dado que no se formulan en clave normativa, exige un fuerte compromiso por parte de los actores concernidos. Los mecanismos que generan esa voluntad de adhesión son muy variados como, por ejemplo, la mera sintonía “ideológica” con los objetivos de la política, la oportunidad de lucirse o “colgarse una medalla”, o la expectativa de tener acceso a los recursos (en gran medida, económicos) asociados a la misma.
Seguir Leyendo La Agenda Urbana Española, ¿oportunidad u oportunismo?
