Blog Especial Elecciones Municipales 2015

Mujeres y poder local

Juana Ruiloba
Universidad Católica de Murcia
jruiloba@ucam.edu

Está de más decir que contemplar el espacio municipal es observar un universo político heterogéneo, la conocida como galaxia local, donde concurren sinergias paralelas pero también dinámicas propias distintas a las de los otros niveles de gobierno.

Focalizar nuestra atención en él es vislumbrar descontento, escándalos inmobiliarios, corrupción, descrédito de la política y de los políticos, volatilidad electoral pero es, del mismo modo, encontrarnos con espacios cercanos al ciudadano en los que probar nuevas dinámicas de implicación en los asuntos públicos locales, quizás más participativos, en una atractiva concurrencia electoral, novedosa, más abierta, con otros actores políticos en la que ensayar nuevas reglas de juego (aún por definir). Los Ayuntamientos son también, en lo que nos ocupa, instituciones en el que las mujeres han tenido una presencia desigual. El poder municipal se caracteriza por ser menos permeable para las mujeres que otros niveles de gobierno. Los datos lo corroboran, en 2015, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sólo el 35,2% de los Concejales y el 17,4% de los Alcaldes son mujeres, con las peores cifras de entre todos los ámbitos territoriales. Este desajuste en la representación de las mujeres en el gobierno local es, además, un issue que permanece fuera del debate electoral.

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La transparencia en el gobierno local

Manuel Villoria

La transparencia se ha convertido en uno de los valores retóricamente dominantes en las políticas públicas y en el discurso político de nuestro país. En el nivel de gobierno local esta preferencia está generando algunos instrumentos y prácticas muy interesantes, que van más allá del marketing electoral y de las proclamas anti-corrupción. En el ámbito local numerosos gobiernos se han tomado muy en serio estas políticas de transparencia y configurado unas prácticas dignas de análisis y, muchas, veces, elogio. Es sorprendente ver cómo mientras la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno , establece en su Disposición Final Novena que la regulación referida a transparencia y derecho de acceso tiene una vacatio legis de dos años para los gobiernos locales (y Comunidades Autónomas) y un año para la Administración General del Estado (AGE), en este último nivel de gobierno el retraso ha sido el rasgo esencial de su trabajo, mientras que numerosos gobiernos locales tienen plenamente aplicada la norma en lo relativo a publicidad activa y gestionan ya de forma normalizada bajo tal paradigma, desde hace más de un año; por ejemplo, si vemos el Índice de Transparencia en los Ayuntamientos (ITA) ,de Transparencia Internacional, en 2012 varios ayuntamientos obtuvieron la puntuación máxima (100), lo cual quiere decir que ya tenían incorporadas a sus páginas web ¡en 2012! incluso los datos que requeriría un año más tarde la Ley de Transparencia. En concreto, Alcobendas, Bilbao, Gandia, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent ya cumplían en 2012 con los 15 indicadores que la ley requeriría un año más tarde, además de con los otros 65 que la organización especificaba en su cuestionario.

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Las elecciones del 24 de Mayo y la lucha contra la corrupción en los ayuntamientos

Fernando Jiménez Sánchez

Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia

Los problemas de corrupción son mucho más frecuentes en los niveles locales y regionales de gobierno que en el nacional. Hay al menos cuatro razones diferentes que explican esta especial vulnerabilidad ante la corrupción de los niveles sub-nacionales de gobierno. En primer lugar, es fácil encontrar recursos materiales para la corrupción en estos niveles de gobierno. Las instituciones regionales y locales toman decisiones relevantes en campos tales como el planeamiento territorial y las licencias de construcción, la adjudicación de contratos públicos de bienes, obras y servicios, la distribución de subvenciones públicas para muchas actividades diferentes, o el empleo público. La tentación para intercambiar muchos de estos recursos públicos por apoyo social o electoral o directamente por pagos ilícitos está siempre presente.

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