La contribución del turismo al sostenimiento de los gastos públicos locales: una propuesta para mejorar la financiación local
César Martínez Sánchez
Instituto de Derecho Local-UAM
En los programas electorales para las elecciones locales rara vez se contienen propuestas concretas en materia de ingresos locales, y este año no parece ser una excepción, sino que habitualmente se suceden llamamientos –más o menos retóricos– a la instauración de un sistema de financiación “suficiente”, “justo”, “eficiente”, etc. Esta indefinición, más allá de que pudiera responder a cierto cálculo político, obedece a dos razones principales: las competencias de las entidades locales sobre su propia financiación son limitadas (no se olvide que el sistema está regulado por una ley de las Cortes) y las necesidades financieras de los municipios son muy distintas entre sí, con lo que resulta complicado enunciar medidas precisas que puedan contentar a todos. Así pues, aprovechando que es tiempo de elecciones autonómicas y locales, vamos a realizar una propuesta que podría servir para aumentar los ingresos de las Haciendas locales.
La crisis económica conduce a que las Administraciones públicas busquen nuevos recursos financieros que les permitan atender los gastos públicos. Son ciertamente polémicas la forma y la magnitud en que se hayan de reducir los gastos públicos en España. Sin embargo, en lo que sí parece existir cierto consenso es en el hecho de que el déficit público actual obedece -en buena medida- a una vertiginosa caída recaudatoria. Este acusado descenso de los ingresos junto con la implantación de los mecanismos de estabilidad presupuestaria (de gran severidad en lo que se refiere a las entidades locales) pueden conducir a la creación de nuevos tributos que ayuden a costear la prestación de los servicios públicos esenciales.
La solución a la escasez de las arcas públicas españolas vendrá de la mano de la recuperación de la actividad económica y, mientras esta acaba de llegar, se habrán de redoblar los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal, que en nuestro país sigue alcanzando cotas muy superiores a las del resto de la UE. Sin embargo, también existen otras medidas tributarias (parciales pero necesarias) que pueden adoptarse a fin de asegurar los recursos suficientes para sufragar las cargas públicas. Una de ellas es la que aquí proponemos: una contribución ligada a las pernoctaciones turísticas. Este “nuevo” impuesto se justifica, eminentemente, por medio de dos argumentos: la estancia en hoteles o establecimientos análogos es un inequívoco signo de capacidad económica y, por otro lado, es de justicia que los turistas contribuyan, aunque sea modestamente, a la financiación de unos servicios públicos de los que ellos, aun en menor medida que los residentes, también se valen. En cuanto a este segundo argumento, se ha de tener presente que, hasta la fecha, se han aumentado los impuestos directos (IRPF e Impuesto de Sociedades), así como los impuestos indirectos (IVA). Tanto los primeros como los segundos son soportados exclusivamente por los residentes en nuestro país (téngase en cuenta, por ejemplo, que los visitantes extracomunitarios pueden solicitar la devolución del IVA por los productos adquiridos en nuestro país). Sin embargo, es evidente que, a pesar de que los residentes son los principales destinatarios de los servicios públicos, los turistas se sirven de los servicios públicos que prestan, de forma señalada, las entidades locales (seguridad ciudadana, limpieza viaria, transporte público, etc.). En efecto, en un país en el que cada verano se alcanzan cifras históricas en el número de visitantes, resulta más que sensato solicitar que los turistas hagan una pequeña contribución a las arcas públicas. Lo anterior se refuerza desde el punto de vista del impacto medioambiental que el turismo causa en nuestro país, a fin de evitar una indeseable externalización de costes. Esto es, resulta equitativo que los turistas aporten las cantidades necesarias para paliar los nocivos efectos que puedan causar en el medioambiente. En este sentido, puede sostenerse que nos encontramos ante un tributo ecológico.
Nuestra propuesta no parte de la nada sino que habrá de tener en cuenta tanto las experiencias internacionales como nacionales. En ese sentido, se pueden encontrar ejemplos semejantes a nuestra propuesta en países de todo el mundo como Estados Unidos (Hotel Tax), Francia (Taxe de Séjour) o Alemania (Bettensteuer). Asimismo, también ayudarán a nuestro propósito tanto el análisis del impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, establecido por la Ley 7/2001 del Parlamento de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así como el del más reciente impuesto catalán sobre las estancias en establecimientos turísticos (Ley 5/2012, de 20 de marzo).
En efecto, existen estudios empíricos que se realizaron para evaluar el impacto que tuvo el impuesto balear y que, en síntesis, demostraron un impacto muy reducido de este tipo de tributos sobre la entrada de turistas. No en vano, en Barcelona ya existe dicho tributo y esto no ha sido óbice para el crecimiento del turismo, en comparación –por ejemplo– con Madrid, lugar en el que no se exige este impuesto.
En cuanto a su realización concreta, por aplicación de la reserva de ley en materia tributaria (art. 31.3 CE), este nuevo tributo habría de ser aprobado bien por las Cortes como impuesto local, bien por las comunidades autónomas como tributo propio cuya recaudación podría destinarse, parcial o totalmente, a las entidades locales. Igualmente, existen diversas opciones tanto en lo que se refiere a la configuración de su hecho imponible como, sobre todo, en lo que respecta a su cuantificación. Sin embargo, esta entrada no es el lugar adecuado para los pormenores sino, simplemente, para (re)lanzar el debate acerca de cómo el turismo puede contribuir a sostener los gastos públicos de nuestros municipios. Ahí queda el guante para quien quiera recogerlo…